Al excederse en funciones ante los constantes actos de hostigamiento e intimidación hacia la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), el diputado José Luis Galindo Cortez, adelantó que el Partido Encuentro Social (PES) solicitará a la brevedad la remoción tanto del fiscal Anticorrupción, Juan Sálazar Núñez como del fiscal general, Uriel Carmona Gándara.

Galindo Cortez acusó a Casas González de recibir cinco millones de pesos por parte del exgobernador Graco Ramírez para que no trascendiera el juicio político en su contra, a lo que el legislador sin partido lo acusó de tener a sus familiares en la nómina del gobierno estatal.

Finalmente, entre dimes y diretes, Galindo Cortez se disculpó por su declaración pero confirmó su esposa e hija si están trabajando en el Poder Ejecutivo; exigiendo Casas González cite a la brevedad a comparecer, al secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas para que tienda informe sobre las acciones emprendidas hasta el momento frente a la pandemia de Covid-19.

Carmona Gándara y Salazar Núñez deben sus puestos a la administración perredista, y a la anterior legislatura que reformó la ley para que el primero pudiera permanecer en el puesto por los próximos nueve años; mientras que el segundo fue nombrado por el mismo fiscal.

Desde diciembre de 2018 el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicitó al Congreso local, la remoción de los fiscales por considerar no reunían los requisitos legales para mantenerse en el cargo, toda vez que el entonces integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, evidenció que ninguno de los dos fiscales había aprobado los exámenes de control y confianza que exige la norma para ocupar el puesto.

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