La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Jazmín Solano López, rechazó que la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía Anticorrupción en contra de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz se trate de una persecución política.
Dijo que los integrantes de la Junta Política y de Gobierno revisarán jurídicamente la solicitud para determinar si procede o no.
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“Vamos iniciando una legislatura primero, y un Gobierno del Estado que son encabezados por Morena; ella incluso es parte de la coalición. No tenemos interés de persecución, ustedes han sido testigos de que todos los acuerdos, la mayoría han salido por unanimidad, lo que único que no han salido son las reformas federales”.
Al respecto, el legislador panista y presidente de la Junta Política y de Gobierno, Daniel Martínez Terrazas, dijo que se solicitó que el tema se resuelva por casas meramente legales y no por un tema político.
Nosotros no somos ningún órgano judicial, nosotros tenemos que avocarnos a la responsabilidad que atañe al Congreso y en ese sentido vamos a resolver en los próximos días.
Recordó que este intento de desafuero proviene de un proceso de la extinta Comisión Estatal de Seguridad (CES) que entrega a la Fiscalía Anticorrupción, quien al final lo solicita al Congreso local.
“Lo que le hemos dicho tanto al Gobierno del Estado, a los grupos parlamentarios, es que descartamos cualquier intento de persecución política, si resolvemos conforme a derecho este tipo de dudas se van a dejar a un lado”.
Piden quitarle el fuero a la diputada Tania Valentina
La tarde de este lunes 14 de octubre, en conferencia de prensa, la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que existe una solicitud de desafuero en su contra por parte de la Fiscalía Anticorrupción debido a una denuncia de 2023 donde, presuntamente, uno de sus vehículos fue utilizado para delinquir.
Sin embargo, la diputada aclaró que el vehículo había sido vendido con anterioridad, por lo que presentó denuncias contra los titulares de la Fiscalía Anticorrupción ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
Asimismo, dijo ser víctima de persecución política y violencia política de género.