El secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado confirmó que el Ejecutivo Estatal ya interpuso el recurso de reclamación en contra del acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien negó inicialmente la suspensión de la controversia constitucional sobre el Presupuesto Económico 2023, por lo que esperan frenar el recurso y ganar la batalla ante el Congreso local.
“Siempre seremos respetuosos y acataremos lo que la Suprema Corte diga al respecto”, externó el encargado de la política interna del Gobierno estatal en entrevista con medios de comunicación.
Sobre las razones del por qué el pasado 3 de febrero la SCJN negó la suspensión, Sotelo Salgado refirió que: “son cuestiones de carácter técnico en relación a si son normas generales o no son normas generales”.
Debido a esta negativa, en Morelos se comenzó a ejercer el recurso aprobado en octubre de 2022 por las y los diputados locales, el cual asciende a más de 34 mil millones de pesos.
Sotelo Salgado señaló que la SCJN tiene pocos días para responder el recurso que promovieron, sin embargo, dijo que hay retrasos para resolver estos asuntos.
“Tiene pocos días, pero incluso ustedes saben que se tardan mucho, incluso para admitir la controversia se llevó un poco más de tiempo”, externó.
Recordó que al menos 20 localidades también interpusieron una controversia, bajo el argumento de que la mayoría del recurso del Fondo de Estructura Municipal se fue para tres municipios: Cuernavaca, Yecapixtla y Yautepec, dejando sin nada a otros como Cuautla, y los municipios de nueva creación como Hueyapan, Xoxocotla y Coateleco.
Dentro del paquete aprobado por los legisladores se plantearon incrementos a dependencias como a la Comisión Estatal de Seguridad (CES), al Poder Judicial y organismos autónomos como la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), así como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Por otro lado, Sotelo Salgado señaló que mantienen reuniones con los diputados locales para revisar la agenda legislativa, como son iniciativas y decretos pendientes, y las propias diferencias que se tuvo entre ambos poderes con respecto al presupuesto.
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