La Secretaría de Administración de Cuernavaca detectó nuevas irregularidades en el pago de pensión a jubilados, pensionados e incapacitados permanente de la Secretaría de Seguridad Pública, a quienes la pasada administración solo les pago 100 pesos.
El titular del área, Israel Rafael Yúdico Herrera, confirmó que han registrado hasta el momento 15 casos a quienes, de un presupuesto federal que estaba etiquetado y se tenía la obligación de ejercerse, solo se les depositó 100 pesos de su pensión.
Ante ello, Administración y Controlaría están revisando ya, en mesas de trabajo, los posibles delitos a los que serían acreedores las pasadas autoridades municipales ante la no adecuada aplicación de los recursos federales etiquetados.
Y es que, mencionó, lejos de la responsabilidad que tenían las entonces autoridades municipales, esto atenta contra cualquier empatía social y humana; calificando actualmente el total de la pensión que deben recibir, haciendo un cruce de información con Recursos Humanos y Egresos.
Durante todo un mes, los jubilados, pensionados e incapacitados permanente del municipio se mantuvieron en protesta por la falta de pago de sus salarios y aguinaldos, afirmando que en ciertos casos les habían depositado menos del 50 por ciento de dichas prestaciones salariales, aunque eran salarios devengados.
“Son trabajadores de Seguridad Pública, continuamos las investigaciones y van apareciendo más”.
Indicó además que entre las anomalías encontradas se encuentra la nómina, la cual están revisando debido a que la plantilla laboral que les entregaron en la entrega-recepción no es real en comparación con el número de trabajadores presente, requiriendo cuantificarla en este proceso, en especial, dijo, cuando el proyecto del alcalde José Luis Urióstegui Salgado es adelgazarla lo más que se pueda.
El cabildo 2022-2024 tiene al día de hoy en sus manos la modificación del reglamento de operación del Ayuntamiento, el cual contempla, entre otras cosas, disminuir la nómina, desapareciendo y fusionando plazas, así como estableciendo un solo tabulador salarial; sin embargo, la propuesta aún tiene que ser aprobada por las y los regidores.
Tras dicha situación, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, aseguró que todos los que participaron en la administración anterior, sí de su actuación surgen elementos de responsabilidad, tendrán que ser investigados, sin excepciones.
A seis días de iniciar el proceso de entrega-recepción formal de la administración pública municipal capitalina, han sido varios los actuales funcionarios quienes han advertido que presentarán denuncias contra sus antecesores por diversas irregularidades, particularmente en materia financiera.
El cabildo es la máxima autoridad del municipio y al contar el cabildo 2022-2024 con un regidor reelecto por el PAN, Adrián Martínez Terrazas, el munícipe afirmó que todos, sin distinción, los que participaron en el gobierno anterior sí de su actuación surgen elementos de responsabilidad deberán ser investigados, lo cual se podrá verificar a partir de las actas de cabildo mediante las cuales podrán establecer quienes votaron a favor, quienes no participaron o quienes votaron en contra.
“Yo no quiero iniciar un prejuicio respecto a la actuación de determinadas personas porque mi deber como servidor público y abogado me exige que actúe con ética y transparencia”.
En este sentido y luego de que el tesorero municipal, Carlos Javier Arozarena Salazar, confirmara que el gobierno de Antonio Villalobos Adán utilizó recursos del pago anticipado de servicios municipales 2022, el edil capitalino explicó que aún no es un hecho que se vayan a presentar denuncias en este momento, ya que requieren recabar las pruebas que demuestren, primero, quiénes participaron en la toma del acuerdo y quiénes lo ejecutaron en contra de la ley.
Precisó que esto implicaría que existen autoridades intelectuales y materiales, necesitando obtener el monto total de disposición debido a que el acuerdo se toma directamente de cabildo y no pueden asegurar que todos los regidores votaron a favor, requiriendo además verificar si recaudaron el monto total previsto en la Ley de Ingresos o si hubo partidas no previstas en el Presupuesto de Egresos.
“No es tan simple decir 'ocuparon y pagaron cuando era del año siguiente y ya hay responsabilidades', sí las pudo haber pero necesitamos ser muy prudentes y cumplir con todos los requisitos para iniciar una carpeta y que los tiempos no nos apresuren para hacerlo de manera eficiente”.
Urióstegui Salgado apuesta a que no transcurra mucho tiempo para interponer las denuncias, si así fuera el caso, respetando los plazos para la prescripción, que es por lo menos de tres años en caso de haber responsabilidades administrativas graves y/o responsabilidades penales.
Para evitar que las denuncias no avancen, como ocurre en otros Poderes del estado, exclamó depende de que la misma no se haga solo señalando suposiciones como hoy acontece, para poder interponerla tienen que contar con los elementos técnicos, jurídicos y materiales para acreditar quien es probable responsable de conductas ilícitas, “no nos vamos a presionar por el tiempo pero tampoco vamos a dejar de hacer algo hasta en tanto iniciamos los procesos legales”.
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