Los deficientes criterios de selección para los contratistas de obra pública permiten la corrupción en la asignación y ejecución de las mismas, y pueden llevar a tragedias, como ocurrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, donde fallecieron dos personas el 12 de julio de 2017, concluye el estudio “Socavón del Paso Exprés: cuando gobierna la corrupción”, auspiciado por México Evalúa y segundo lugar en el XII Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de la Auditoría Superior de la Federación.
En el ensayo, las autoras, Mariana Campos Villaseñor, Liliana Ruiz Ortega y Diana Nava Muciño, exponen que en el caso del Paso Exprés de Cuernavaca, “los criterios para seleccionar a los contratistas no fueron los óptimos, lo cual no permitió garantizar las mejores condiciones de contratación para el Estado. No se puede privilegiar el criterio del menor precio, sobre la calidad técnica y la experiencia de los contratistas, especialmente en los casos para los cuales el proyecto ejecutivo no está suficientemente conceptualizado ni adecuadamente preparado”.
En el estudio, que evidencia los problemas que presentan en general los criterios de asignación de obra pública en México, las autoras exponen que “si en el proceso de construcción de una obra pública partimos con un proyecto ejecutivo con carencias y omisiones diversas, los criterios para seleccionar a los contratistas deberían considerar este hecho y ajustarse para elegir a la empresa que esté mejor preparada para primero terminar de preparar el proyecto y luego a otra para realizar la obra. De lo contrario se corre el riesgo, como sucedió con el Paso Exprés, no solo de terminar pagando un costo económico considerablemente mayor al originalmente establecido, sino afectar severamente la calidad de la obra misma”.
Y sentencian:
La contratación del Paso Exprés nos muestra que de manera casi perfecta los criterios de selección de los contratistas potenciales en una licitación pueden usarse mal y abusarse para pervertir la capacidad del estado en su búsqueda de las mejores condiciones de contratación.
En su estudio, que revisa los criterios de asignación de obra pública a través de licitaciones, las autoras denuncian que “la calidad de la obra pública no ha sido la prioridad en muchas licitaciones y los procedimientos de adjudicación y ejecución de las obras han demostrado estar colmados de irregularidades... El Paso Exprés es uno de los casos emblemáticos y el análisis de sus procesos y procedimientos permite detectar fallas en los mismos, que pueden utilizarse para retroalimentar e impulsar un mejor diseño de la política pública y el marco normativo que rige la contratación de la obra pública en nuestro país”.
Entre otras irregularidades, las investigadoras detectaron que de las 23 empresas que concursaron para obtener la obra, 21 fueron descalificadas (13 de ellas por criterios no especificados en la convocatoria), y sólo dos fueron evaluadas completamente, lo que hace parecer al proceso más una simulación que una licitación.
Además, establecen que se asignó un peso mucho mayor al criterio de precio sobre los de seguridad y calidad de la obra; “estos criterios no fueron útiles para un proyecto que no estaba definido para cotizarse: cuando se hizo la contratación, el proyecto ejecutivo, que comprende los proyectos arquitectónico y de ingeniería y los planos, el catálogo de conceptos y la información para cotizar y ejecutar la obra, estaba incompleto e inacabado. En resumen el peso que se le asignó al criterio precio (50%), fue desproporcionado y poco útil y no se privilegió la experiencia, especialidad y cumplimiento de contratos, especialmente por la falta de planeación del proyecto”.
La adjudicación del Paso Exprés, logró una calificación de 37.8 puntos, apenas tres décimas por arriba de la mínima para aprobar proyectos, y muy lejos de los 50 puntos que podría alcanzar como máxima.
Fue la más barata, y con una calidad sólo un poco arriba de lo suficiente, exponen las investigadoras.
Además, de acuerdo con el estudio, dada la duplicación del costo del proyecto, el monto que se pagó al final de la obra fue mayor al de cualquiera de las propuestas de otras empresas constructoras que concursaron para obtener la licitación. “El monto del convenio se duplicó durante la construcción del proyecto y de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la gestión de sus contratos mostró presuntas irregularidades por un monto de 270.5 millones de pesos. Aun así, exhibió pésimos resultados, como la falta de funcionalidad de la obra con la apertura de un socavón que ocasionó la muerte de dos personas en julio pasado. Claramente, estas atrocidades nos sugieren que la relación costo beneficio de la obra no parece haber sido conveniente para el colectivo de ciudadanos y gobierno”, expone el documento.