Sin el pago de prestaciones sociales y fuera del marco legal, por órdenes del encargado de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), al menos una decena de trabajadores, entre administrativos y jefes de área, fueron despedidos el pasado 20 de diciembre sin tener conocimiento del motivo.
En lo particular, los trabajadores fueron citados en la sala de juntas de la ESAF para firmar el documento de renuncia voluntaria, mismo que fue rechazado por las empleadas y empleados, pues acusan que aún hay adeudos salariales y prestaciones sociales pendientes.
Gran parte de los empleados señalaron que la actitud mostrada por los cercanos al encargado de despacho de la institución dependiente del Congreso local, José Blas Cuevas Díaz, está fuera del marco del derecho, además de ser tratados “como delincuentes”.
Una de las empleadas administrativas, Mireya Sámano Landa reveló que antes fue revisado su bolso y algunas otras pertenencias, y que le impidieron acercarse a la computadora en donde trabaja.
Posteriormente, Aracelia Salazar Machuca informó lo siguiente: “me pidieron firmar mi renuncia voluntariamente, sin mi pago de quincena, sin mi prima vacacional y siendo que no hay un finiquito como corresponde a ley, lo cual estoy en desacuerdo”.
A su vez, Laura Bahena Díaz manifestó su rechazo por la forma en que pretendieron quitarle su fuente laboral, sobre todo porque “en ese documento... no me adeudan nada, cuando nos adeudan una quincena y la prima vacacional que está pendiente. No puede ser una renuncia voluntaria. Sin embargo, yo no firme y no estoy de acuerdo con esa injusticia que están haciendo”, mencionó.
Por dichas razones, un grupo de empleadas decidieron hacer una denuncia ante las autoridades correspondientes por despido injustificado, entre ellas se encuentran: Mireya Sámano Landa, Araceli Salazar Machuca, Laura Bahena Díaz, Dolores Cecilia Díaz Ramírez, Elsa Jaqueline Morán Reyes e Itzel Garduño.
Existe un desacuerdo ante despidos injustificados
Dolores Cecilia Díaz Ramírez, jefa de Departamento de Obra Pública del organismo aseguró que, la solicitud de la renuncia voluntaria no es legal, porque ellos no están renunciando: “nos están despidiendo”, señaló.
En tanto, Elsa Jaqueline Morán Reyes, quien es jefa de Departamento de Organismos Públicos A mencionó que su renuncia fue solicitada por “órdenes del auditor general (José Blas Cuevas Díaz), se me hace algo injusto, justo media hora antes de que saliéramos de vacaciones”.
En este sentido, Itzel Garduno, del área municipal relató que al solicitarle que firmara el documento rechazó hacerlo, sobre todo porque anteriormente fueron informados oficialmente que habían iniciado su periodo vacacional.
El personal advirtió que ejercerán su derecho a realizar las demandas laborales correspondientes, porque consideran hay abuso de autoridad y despido injustificado.
Fue precisamente la mañana del martes 20 de diciembre que en un convivio de fin de año con la diputada Macrina Vallejo Bello, en su calidad de presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), se destacó que nadie sería despedido.
Para el personal, las acciones emprendidas contra ellos son parte de las pugnas que hay entre diputados.
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