Escuelas particulares adheridas a más de 10 organizaciones a nivel nacional ya se encuentran listas para interponer amparos contra la Norma Oficial Mexicana 237, misma que tiene que ver con la intención de “regularizar” obligaciones y derechos de las escuelas privadas; entre algunas de las exigencias se impide a los planteles exigir con carácter de obligatorio el uniforme escolar y tendrán que ser verificadas por la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco).

“Si nos ponen más condiciones para operar pues esos costos las escuelas no los absorben, sino que se trasladan de inmediato al usuario y el estudiante y sus familias estarían haciendo frente a inscripciones, colegiaturas y otras cuotas que se estarían considerando. Se ha hecho el cálculo y el aumento va a ir de un 10 y hasta un 15% más en los costos directos”, mencionó Itzel Carmona Gándara, presidenta de la Asociación de Instituciones de Educación Superior Privada del Estado de Morelos (AIESPEM).

Confirmó que una vez que el gobierno federal publique en el Diario Oficial de la Federación la NOM 237-SE-2020 Servicios Educativos Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia, presentarán amparos a fin de dar marcha atrás, pues a pesar de solicitarle esta acción al Ejecutivo, éste no dio muestras de diálogo.

“En el caso de Morelos ya una organización nos ha confirmado que interpondrá un amparo. Seguimos alcance con las autoridades buscando la posibilidad de todavía contener la Norma y que no se llegue a la publicación; sin embargo, el director general de Normas de la Secretaría de Economía federal ya anunció que la van a publicar en el mes de enero y por supuesto en respuesta a ello estar listo con los amparos necesarios para contrarrestar su existencia”.

La materialización de esta Norma traería consigo el impacto a la economía de las familias que llevan a sus hijos a la educación particular, además de que mermaría la posibilidad de que los menores accedan a este tipo de educación, violando, argumentó, el artículo 3 de la Constitución Política Mexicana.

“El estado necesita del auxilio de la ciudadanía para resolver el problema de la educación, si pudiera solo lo haría, pero no puede; por eso es por lo que estamos ya listas las organizaciones para proteger a todas las escuelas particulares”.

Las nuevas obligaciones de las escuelas particulares y el encarecimiento de los costos que traería consigo el encarecimiento de las colegiaturas, pues ahí es en donde recaerá el precio de nuevas verificaciones, resaltó Carmona.

Lamentó que esto venga justamente cuando las escuelas particulares se han comenzado a recuperar con el regreso a clases presenciales desde agosto de 2021.

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