Autoridades de Cuernavaca externaron que el arraigo domiciliario que se determinó para el exalcalde capitalino Antonio "N", no lo exime de continuar con el proceso en su contra, aunque no descartaron solicitar una explicación a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) ante esta situación.
El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, señaló que esta decisión no libera al exalcalde de responsabilidades y reiteró que su área jurídica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) se encargará de apelar las decisiones por el presunto desvío de nueve millones de pesos. El munícipe enfatizó que el juicio seguirá su curso y que se determinará si Antonio "N" es responsable del delito, y en caso de que lo sea, deberá recibir una sanción.
"Esta es una cuestión que no le libera de responsabilidad, el hecho de que una persona siga un juicio en libertad por estar arraigado en su domicilio, no impide que los jueces hagan su labor; cómo abogado durante muchos años insistí en el cambio de sistema porque la prisión preventiva no debería aplicarse a todos los delitos, hoy al expresidente le están permitiendo el juicio en libertad, es un costo menos para el estado y yo esperaría que las medidas precautorias que le impongan sean las adecuadas", explicó el edil.
Asimismo, la titular de la Consejería Jurídica de Cuernavaca, Nadia Luz Lara Chávez, informó que son 32 denuncias las que se han presentado contra el exalcalde Antonio “N” y otros servidores públicos que pudieran haber incurrido en omisiones durante la administración 2019-2021, sin embargo, ninguna se ha judicializado.
“Estamos atendiendo a las peticiones que ha hecho la Fiscalía para ir reforzando las investigaciones, tenemos entendido que algunas ya están por judicializarse, pero dependemos del trabajo de la fiscalía en la medida que consideren que van reforzando la investigación y poder judicializar no solo las carpetas, sino también señalar a las personas probables responsables”, explicó.
Directora del SAPAC exige explicación al fiscal
En tanto, la directora del SAPAC, Evelia Flores Hernández, solicitó una explicación al fiscal del estado respecto a la salida de prisión bajo arraigo domiciliario de Antonio "N", ya que considera que esta no fue la mejor decisión para garantizar la justicia para los trabajadores afectados por el desvío de fondos. Flores Hernández declaró que esta medida no garantiza la reparación del daño y que deja sin derecho al Instituto de Crédito a los trabajadores afectados.
El asesor jurídico del SAPAC, Carlos Alberto Molina Joaquín, recordó que la medida cautelar de arraigo domiciliario fue solicitada por el fiscal del estado, quien contaba con argumentos sólidos para hacerlo. Molina Joaquín apuntó que el juicio sigue su curso y que la defensa del acusado solicitó el recurso de revisión, facultando al juez de causa para modificar la medida.
"Ciertamente esta medida que está prevista en el artículo 155 del código nacional de procedimientos penales... Sin embargo, el fiscal contaba con un cumulo de argumentos sólidos, y más aún con un antecedente para solicitar al juez de la causa una prisión preventiva de carácter justificada"
Desde la noche del 08 de mayo, Antonio “N” salió del Penal de Atlacholoaya para permanecer en arraigo domiciliario por el presunto delito de uso excesivo de la función pública.
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