/ miércoles 31 de mayo de 2023

Firme la videovigilancia en Cuernavaca: Urióstegui

La iniciativa del C4 cumple con todo lo necesario para implementarse sin impedimentos, de acuerdo con el alcalde de Cuernavaca

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley de Videovigilancia, el alcalde de Cuernavaca José Luis Urióstegui Salgado aclaró que la propuesta de conectar cámaras de inmuebles privados al Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) está sujeta a una Ley Federal y cumple con lo necesario para avanzar sin impedimentos.

"Esto de la Ley nada tiene que ver con el programa, al contrario nosotros estamos trabajando bajo una Ley Federal y cumplimos con los protocolos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en Coordinación con el C5", detalló.

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Asimismo, puntualizó que los empresarios y la sociedad no deben preocuparse pues el programa respeta la privacidad de quienes conecten sus equipos, en comparación con la Ley de Videovigilancia, la cual pretende que el gobierno tenga acceso a todas las cámaras, incluidos los de la iniciativa privada y organismos descentralizados.

La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) tendrá localizadas las cámaras adheridas al C4 a finales del mes de julio del presente año. Por el momento, las autoridades trabajan en la instalación del sistema de cómputo necesario, pantallas y preparan un cálculo del cableado destinado para la conexión.

Una vez concluida esta etapa, colocarán los postes para las cámaras en vía públicas y en los inmuebles privados.

Quienes tengan cámaras ya instaladas y quieran interconectarse al C4 lo pueden hacer, ellos tendrán visibilidad a sus cámaras pero el C4 también”, añadió el alcalde de Cuernavaca.

Por último, precisó que el único requisito para la vinculación al C4, es que las cámaras cuenten con visibilidad amplia.

La Ley de Videovigilancia fue desechada el 30 de mayo del 2023 por la La Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que los magistrados consideraron que el acceso a todas las cámaras de videograbación del estado con el objetivo de reforzar la seguridad pública a través de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), era violatoria de derechos humanos.



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Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley de Videovigilancia, el alcalde de Cuernavaca José Luis Urióstegui Salgado aclaró que la propuesta de conectar cámaras de inmuebles privados al Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) está sujeta a una Ley Federal y cumple con lo necesario para avanzar sin impedimentos.

"Esto de la Ley nada tiene que ver con el programa, al contrario nosotros estamos trabajando bajo una Ley Federal y cumplimos con los protocolos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en Coordinación con el C5", detalló.

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Asimismo, puntualizó que los empresarios y la sociedad no deben preocuparse pues el programa respeta la privacidad de quienes conecten sus equipos, en comparación con la Ley de Videovigilancia, la cual pretende que el gobierno tenga acceso a todas las cámaras, incluidos los de la iniciativa privada y organismos descentralizados.

La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) tendrá localizadas las cámaras adheridas al C4 a finales del mes de julio del presente año. Por el momento, las autoridades trabajan en la instalación del sistema de cómputo necesario, pantallas y preparan un cálculo del cableado destinado para la conexión.

Una vez concluida esta etapa, colocarán los postes para las cámaras en vía públicas y en los inmuebles privados.

Quienes tengan cámaras ya instaladas y quieran interconectarse al C4 lo pueden hacer, ellos tendrán visibilidad a sus cámaras pero el C4 también”, añadió el alcalde de Cuernavaca.

Por último, precisó que el único requisito para la vinculación al C4, es que las cámaras cuenten con visibilidad amplia.

La Ley de Videovigilancia fue desechada el 30 de mayo del 2023 por la La Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que los magistrados consideraron que el acceso a todas las cámaras de videograbación del estado con el objetivo de reforzar la seguridad pública a través de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), era violatoria de derechos humanos.



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