Aunque aún no ha concluido la integración de carpetas de investigación relacionadas con su gestión como alcalde, el nombre de Francisco Antonio Villalobos Adán aparece en por lo menos una veintena de denuncias que, si se suman, significarían para el Ayuntamiento de Cuernavaca un desfalco superior a los 300 millones de pesos, y pérdidas derivadas de decisiones de su administración de por lo menos otro tanto.

Entre otras anomalías, la contraloría municipal ha encontrado prácticas de posible corrupción en el uso de recibos duplicados, la inclusión en nómina de personal que no prestaba servicios en el Ayuntamiento, desaparición de mobiliario y equipo de cómputo, uso indebido de recursos públicos; a las que se suman denuncias de particulares ante la Secretaría de Administración por extorsión, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos. En una de ellas ya hubo la vinculación a proceso del exalcalde que con un amparo logró librar la prisión preventiva y continuar como alcalde desde diciembre del 2020 hasta concluir su encargo un año después.

Dolores Álvarez Díaz, contralora municipal, expuso a El Sol de Cuernavaca que tiene abiertas dos carpetas de investigación a partir de la vista que les dio la Auditoría Superior de la Federación por el uso indebido de recursos públicos en la cuenta pública de 2020. Hay también una denuncia anónima remitida por la Entidad Superior de Fiscalización (ESAF) del estado de Morelos “por diversos conceptos y aparentes desvíos de recursos en rubros de compra, producción y justificación de mochilas por el período de 2019 a 2020 y por la compra de pollos para un evento que se llevó a cabo en el 2019; ya aperturamos (sic) la carpeta de investigación y se están haciendo las diligencias conforme lo marca la ley”.

Asimismo, existen cinco denuncias presentadas por la Tesorería del Ayuntamiento derivadas de la revisión del proceso de entrega recepción y que son las que se han entregado hasta la fecha, aunque la revisión continúa, explicó. De esas cinco denuncias dos son por prescripción de créditos en materia de impuesto predial, en contra de los servidores públicos que dejaron de realizar los cobros correspondientes; otras dos por la falta de bienes muebles, computadoras, escritorios y sillas; y una más por la emisión de recibos de pago con el mismo folio por conceptos distintos:

“En una ponían concepto de una infracción por 300 pesos y en otro recibo con el mismo folio otro concepto por un monto de 10 mil pesos”.

Dado que se trata de carpetas de investigación abiertas, la contralora del municipio no pudo ofrecer más datos sobre las mismas. Aunque adelantó que aún no concluye el período de aclaraciones, por lo que las carpetas podrían aumentar conforme concluyan los plazos: “seguramente derivado de ello vendrán más denuncias”.

La contraloría ha retomado además algunas investigaciones previas que se habían abandonado, “dejaron de actuarse desde el 2020”, y actualmente se están impulsando además de integrar las derivadas de nuevas denuncias.

La consejera jurídica del Ayuntamiento, Nadia Luz Lara, expuso que las investigaciones que se realizan en la comuna derivadas del proceso de entrega-recepción tienen como objetivo detectar, primero, si hay la comisión de ilícitos y en su caso castigar a los responsables; para lo que se requeriría, en su momento, la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, dado que se trata de daños a la hacienda pública y a la ciudadanía.

Aunque en enero pasado el secretario de administración del Ayuntamiento, Israel Yudico Herrera, anunció que en la primera revisión de la nómina se habían detectado por lo menos una decena de “aviadores”, personas que cobraban sin prestar servicios al Ayuntamiento, además de la omisión del pago de nómina a más de 800 trabajadores al cierre de la pasada administración; la consejera jurídica expuso que no le ha sido transmitido el informe correspondiente para revisar si hay conductas para perseguirse desde el ámbito penal, aunque administrativamente deberá sancionarse. Actualmente sigue la revisión del área de Recursos Humanos, explicó.

Nadia Luz Lara recordó que al Ayuntamiento le corresponde la integración de los expedientes por los que se integrarían las denuncias de posibles hechos constitutivos de delito que deberán presentarse ante la fiscalía, entidad que deberá determinar si hay los delitos y formular las imputaciones correspondientes y estimar también el monto que debe perseguirse.

No obstante, explicó, sí consta que decisiones de la administración anterior han generado problemas serios al Ayuntamiento. Entre ellas está el número tan elevado de juicios laborales iniciados por personas que fueron despedidas en el trienio anterior: “tenemos alrededor de 800 juicios y de esos, alrededor de 150 que ya tienen laudos y sentencias a cumplirse, en algunos debe pagarse dinero derivado de prestaciones vencidas y en otros procede la reinstalación de esas personas, entonces eso también genera una merma en la hacienda municipal”.

Sólo por juicios laborales, contenciosos administrativos, contenciosos de seguridad pública, el Ayuntamiento acumula una deuda estimada en 250 millones de pesos, conforme al cálculo de los reclamos.

Integrar las denuncias en contra de funcionarios de la anterior administración no es un proceso sencillo. “Tenemos que ir área por área verificando las irregularidades, las cuestiones que hayan estado no tan claras, y el proceso empieza en contraloría, que realiza las investigaciones de las que después pueden derivar acciones penales o sanciones administrativas. Pero estamos recabando la información”. El proceso concluirá antes de un año, aunque “no tiene caso apresurarse… hay que hacer las cosas lo mejor posible para que si hubo ilícitos se puedan reclamar de forma efectiva”.

A la fecha, expone Nadia Luz, de las obligaciones derivadas de diversos juicios la actual administración gracias a los ahorros promovidos por el alcalde José Luis Urióstegui, ha pagado unos 20 millones de pesos. “Parece poco, pero es un gran esfuerzo de pago”, frente al escaso presupuesto del Ayuntamiento, y las obligaciones con sus trabajadores y la ciudadanía. “Vamos poco a poco, y buscaremos el apoyo del Congreso del Estado para que del fondo para laudos se nos apoye”.

Tres abogados también han iniciado denuncias en contra del exalcalde Villalobos, uno de ellos es Enrique Paredes, “se presentó una denuncia hace mucho tiempo por el delito de cohecho”. Se vinculó a proceso al exsecretario de protección civil, pero Villalobos obtuvo un amparo que evitó su vinculación.

Otra de las denuncias se debe al cambio profundo en el nivel de vida del alcalde; una más por el pago excesivo por el servicio de recolección de basura que se elevó de 3 a 22 millones de pesos mensuales. “Esos datos dan a entender que hubo enriquecimiento ilícito del exalcalde”, asegura Paredes.

El litigante expuso también que el Ayuntamiento retenía los pagos de los trabajadores al Instituto de Crédito y no los enteraba a la institución en perjuicio de los burócratas municipales. “Ese dinero nadie sabe a dónde fue a parar”, señaló.

El presidente de la Barra de Abogados de Morelos, Miguel Ángel Rosete recordó que la barra presentó una denuncia por hechos que podrían ser constitutivos de delito y están en espera de que se formule la imputación por desvío de recursos, mala aplicación de los mismos, y otras irregularidades, para que no queden impunes. Reconoció que al tratarse de una investigación en proceso, aún no puede conocerse el monto total de los desfalcos, pero “ya está muy próxima” la etapa de formulación de imputaciones y “esperamos que se haga justicia por el bien de los ciudadanos de Cuernavaca”.

Adicionalmente a los desfalcos, la Tesorería de Cuernavaca calcula un déficit de cien millones de pesos en las arcas municipales heredado por la administración de Villalobos, quien habría resultado entonces el alcalde más caro que haya tenido la ciudad de la eterna primavera.

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