En Zacatepec, una comisión de regidores se aboca a destrabar la serie de irregularidades en la adquisición del predio donde se construyeron
Fundaciones en favor de las 32 viviendas para damnificados del sismo 19S, que siguen sin entregarse esperan que en lo que resta de la administración puedan habitarse.
Más de 30 familias de la ex hacienda de Zacatepec, están por cumplir cuatro años, viviendo en condiciones muy desfavorables, unas viviendo en el campamento, en la calle, tras el sismo del 19S, otras están rentando o hacinadas con otros familiares, esperando les cumplan la promesa de reubicarlos al declarar el Instituto Nacional de Antropología e Historia que no puede rehabilitarse para vivienda la hacienda vieja que data del siglo XVII, aunque la historia de Zacatepec como municipio empieza en 1938.
Los daños en el viejo caso de la hacienda que en un extremo era habitado como multifamiliar, y otro como mercado municipal, se vio severamente afectado, y la reconstrucción se ha aplazado por diferentes intereses políticos, y sociales. Sin embargo las manos amigas de fundaciones como “Échale”, no abandonaron a las más de 34 familias de damnificados.
Y tras la fallida promesa del ex gobernador Graco Ramírez de reubicarlos en un predio, con el cambio de sexenio, regresaron e insistieron que en gobierno municipal solo tendría que facilitar el terreno para que las fundaciones construyeran las viviendas tan añoradas por los damnificados.
Finalmente la presidenta Olivia Ramírez Lamadrid, dio a conocer la compra de un predio de 2 mil metros cuadrados del campo La Trinidad, una propiedad privada, compra que no fue trasparentada, ni consultada con el cabildo, quienes hicieron serias observaciones y evidenciaron una serie de irregularidades en la adquisición de este éste predio.
Las fundaciones creyeron en la autoridad y de inmediato en el 2019 se dieron a la tarea de arrancar la construcción de los departamentos que ante el reducido espacio requirieron más terreno para el proyecto del que resultaron 32 viviendas. Las casas se terminaron desde febrero del 2020, y hasta la fecha el Gobierno de Olivia Ramírez Lamadrid no ha cumplido el compromiso que hizo con las fundaciones y los damnificados de otorgar los servicios públicos, agua, drenaje y luz.
En más de un año en torno a este proyecto se han revelado severas irregularidades, desde la compra del terreno, la autorización irregular del fraccionamiento, la carencia de estudios de impacto ambiental, de cambio de uso de suelo y de la legalización y escrituración del predio.
Lo más fácil fue abonar al conflicto social por los servicios públicos de agua y drenaje, y dar largas al problema culpando al movimiento de ciudadanos de las colonias 10 de abril y Guadalupe Victoria, que se opusieron a la entrega de agua potable porque en toda su administración no ha atendido el rezago de la infraestructura hidráulica, de la rehabilitación y ampliación de la red.
Ni de los estudios para que se valore la capacidad del pozo, “primero los primeros” demandaron los afectados de estas dos colonias que tienen a flor de tierra las mangueras tendidas por que ninguna autoridad ha querido trabajar un proyecto de ampliación de la red de agua potable, para familias asentadas desde hace más de 30 años en estas colonias.
Para el regidor Jesús Linares Angulo, en los últimos tres meses, una comisión de regidores decidió tomar cartas en el asunto, cansados de que se les culpara a ellos de los problemas que tiene el municipio, “se tenían aprobado los recursos para implementar los servicios de luz, agua potable y drenaje, pero los vecinos de la colonia 10 de Abril y de la Guadalupe Victoria hicieron una polémica con el problema del uso del agua, de las instalaciones y tubería” dijo.
Pero reconoció que ese era solo uno de muchos problemas, ya que aunque los colonos autorizaran el servicio del agua, el municipio no puede meternos sin caer en una ilegalidad, ante la falta de certeza jurídica de la propiedad, que además sigue siendo privada, no cumple con los lineamientos para convertirse en el fraccionamiento “la Trinidad”, acepto al tratar de minimizar este problema que dijo se va a resolver.
“Aprovechando la efervescencia política a favor de los más necesitados en estos tiempos, todo mundo quiere quedar bien, se buscó se dieran las facilidades y se han logrado avances importantes, ya se conformó incluso la
Comisión de Fraccionamientos, para dar la legalidad al predio y una vez que se reúna los requisitos que son bastantes y que muchas veces retrasa este tipo de trámites, pueda dar la propiedad al ayuntamiento y el ayuntamiento dar la propiedad a cada uno de los beneficiarios”.
Hacen falta hacer el reconocimiento del fraccionamiento “La Trinidad”, concluir trámites que van desde el impacto ambiental, cambio de uso de suelo, lo del Ram, Predial y catastro, delimitación de calles y los servicios y medidas necesarias de inclusión de discapacitados, con rampas para banquetas que se busca que quede bien plasmado y áreas de uso común y el fraccionador tiene que tener la garantía para acceder a la propiedad del terreno, y una vez que tenga la propiedad se les dará a los beneficiarios”