La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló presuntas complicidades entre el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y el Congreso del Estado, así como del Poder Judicial Federal, este último que le otorgó hasta cuatro amparos para poder salir de prisión.
Lo anterior durante un informe presentado durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es evidente que el fiscal de Morelos cuenta con entramado de complicidades dentro del Poder Judicial Federal y del Congreso del Estado de Morelos”, explicó.
Congreso debe definir situación del Fiscal
Será la próxima semana cuando la Cámara de Diputados deberá determinar y votar si Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos sigue con fuero constitucional, luego de un exhorto emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Durante la conferencia, la funcionaria federal exhibió diversos casos que siguen impunes en el estado en el cual el recién liberado titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) habría actuado presuntamente de manera irregular y con investigaciones deficientes.
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“Desde el inicio de su gestión s han presentado hechos en los que el fiscal de Morelos ha sido señalado por su deficiente actuación e irregularidades en diferentes investigaciones a su cargo”, mencionó Luisa María.
Dio ejemplos de estos casos como el asesinato del activista Samir Flores en 2019; el asesinato de dos líderes sindicales ocurrido en pleno Centro de Cuernavaca; el asesinato de tres jóvenes ligados al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en 2023, y el feminicidio de Ariadna Fernanda por el cual pesan tres procesos por presunta obstrucción de la justicia.
De igual forma, la titular de la Segob manifestó que al momento de tomar el cargo en el año 2018, a propuesta del entonces gobernador de Morelos, Uriel Carmona no presentó los exámenes de control y confianza “que la ley establece para ocupar el cargo de fiscal”, puntualizó.
Señaló que estos fueron hechos tres años después de asumir el cargo y fueron reprobados.
“Asumir el cargo sin aprobar los exámenes de control y confianza constituye un delito”, externó.
Por este hecho, la Fiscalía General de la república (FGR) solicitó la declaratoria de procedencia en contra de Uriel para retirarle el fuero constitucional.
En 2023 la SCJN determinó que Uriel cuenta con fuero constitucional sólo para delitos federales y no para delitos del fuero común, que fueron por los cuales se procesó, en un inicio primero por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y luego por la propia FGR que atrajo un caso de presunta tortura.
De igual forma, señaló que la FGE buscó tomar el control de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para desistirse de este último cargo, y finalmente el organismo investigador federal se quedó a cargo de las investigaciones.
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