El secretario de gobierno Pablo Ojeda Cárdenas, a nombre del gobierno estatal, afirmó que no tienen interés en opinar sobre la presunta investigación en contra del fiscal Uriel Carmona, incluso advirtió que el funcionario ya dio su punto de vista mediante un comunicado, y respetarán el proceso que se lleve en los tribunales si es que existen sin ventilar situaciones ajenas al caso, mientras el combate a la inseguridad sigue como hasta ahora.
Como responsable de la mesa de seguridad, afirmó, evitará abonar a la incertidumbre, y si existe, una investigación serán las autoridades correspondientes las que habrán de desahogarla en el ámbito donde se desarrolla; por parte del gobierno estatal, agregó, no tiene interés en asumir una postura ni a favor ni en contra y la mesa de seguridad seguirá operando de manera normal como lo viene haciendo.
Además, hizo énfasis en la misma información que compartió la Fiscalía General del Estado en el sentido de que no ha recibido notificación oficial sobre el inicio de algún procedimiento en contra del titular de la Institución y hasta el momento se trató de una información que se difundió en redes sociales, porque incluso si existiera un procedimiento así, al encontrarse regido por una serie de principios y formalidades constitucionales y legales, obligaría a que se llevara a cabo mediante notificación personal; no obstante, a la fecha no ha acontecido así.
Cabe decir que el secretario de gobierno hizo alusión al boletín que la misma fiscalía envió cuando se supo del caso, pero al igual el fiscal Uriel Carmona habría dicho que se reserva cualquier tipo de posicionamiento personal con respecto a lo publicado acreditado a un diputado federal.
En ese contexto, la información de la dependencia habría alegado que la autonomía constitucional de la Fiscalía General no está sujeta de forma alguna a cuestiones políticas ni de intereses personales o de grupo, toda vez que a través de esta es que se garantiza la independencia en el ejercicio de la procuración de justicia y con ello, la defensa a los intereses de las víctimas en la entidad.
“En un Estado de Derecho, donde la gobernabilidad debe ser garantizada, se hace patente el estricto respeto a la ley cuando cualquier señalamiento es debidamente fundado y motivado, estableciendo los mecanismos de respeto a cualquier procedimiento y dando cumplimiento a los preceptos de legalidad y justicia a los que todos los mexicanos están obligados”.
Por ello, cuando trascendió la información, en lo que respecta al Fiscal General, “siempre estará por el derecho a la verdad en la investigación de los hechos que la ley sancione como delitos, sin distinguir entre persona alguna, tal y como se ha demostrado de manera institucional”.
