"Si me preguntas si con la información en las denuncias Graco Ramírez ya debería estar en la cárcel, te digo que sí", dijo el asesor anticorrupción del ejecutivo Gerardo Becerra Chávez de Ita.

El funcionario dijo que esperan información de las embajadas y de la Comisión Bancaria para saber con precisión el destino que tuvo el dinero que manejó el ex gobernador.

En el área que está a su cargo, recordó, ya son al menos 10 carpetas las que se han presentado; "salvo el informe de la comisión bancaria y de seguros, creo que están listas para poderse judicializar, y creo que la propia Fiscalía ya debería haber solicitado la comparecencia de los posibles imputados para que digan de qué se trata".

Desde su punto de vista en las denuncias contra la pasada administración ya tienen un avance de más del 50 por ciento de los abusos cometidos; pero también aceptó que hay áreas en donde ni siquiera ha podido acceder, como la Unidad de Adquisiciones, pero en todo lo demás está denunciado sobre todo en obras públicas.

Lo más duro, por los personajes que se mencionan, son los que manejo dentro de mi oficina y es lo que se está cuidando mucho más, porque estamos hablando del exgobernador del estado, esa es la verdad. Si me preguntas si debiera ser imputado el exgobernador del estado yo te digo, sin ninguna duda, que sí; no depende de mí, ya llevan más de tres meses, pero la CNB se puede tardar más de seis meses.

Gerardo Becerra confió que a partir de la entrega de estos informes, tanto de los bancos como de las embajadas, donde se presume pudo ser enviado el dinero que sacaron los funcionarios, se podrá avanzar en las denuncias, y es que alertó: "Estamos frente a presumiblemente delincuentes y no son tontos, se vinieron cubriendo de distintas maneras no le metieron mano al erario como tal, sino a partir de sobreprecios de las obras, moches, embutes, como operaron".

Dijo que quien diga que al exgobernador no se le puede comprobar nada, es porque no sabe que hay documentos firmados por Graco Ramírez, como órdenes y que pudieron ser para cometer actos de corrupción, pero es la Fiscalía la que debe evaluar.