Once días después de que el gobierno del estado, el Concejo Municipal de Hueyapan, el Concejo Mayor y los habitantes que se ostentaban como concejales electos en esta localidad indígena firmaran el llamado “pacto por la paz y la gobernabilidad” para garantizar la paz en el pueblo, este domingo los pobladores se reunieron en la plaza cívica para dar lectura al pacto y dar a conocer los gastos que se realizaron en las gestiones para la liberación de los 15 ciudadanos que habían sido detenidos.
De acuerdo con la información presentada públicamente por Benigno Montero Castellanos, quien fuera uno de los concejales electos en la asamblea del pasado 10 de enero que buscaban su reconocimiento ante las autoridades, sólo el pago de la reparación del daño para la liberación de los detenidos requirió una cifra de 500 mil pesos, los cuales fueron entregados en el juzgado, en presencia de los familiares de los detenidos, tres integrantes de la Fiscalía General del Estado (FGE), un representante del gobierno federal y los cuatro abogados que fungieron como defensa en el caso. Este recurso fue recaudado gracias a aportaciones ciudadanas y varios préstamos.
Sin embargo, el costo económico de la liberación de los detenidos ascendería a una cifra de un millón 391 mil 503 pesos, según los datos que ofreció Montero Castellanos. Mientras que parte de estos gastos fueron cubiertos con las cooperaciones voluntarias de los pobladores, otros fueron préstamos realizados tanto por habitantes de la localidad, como desde el extranjero, en una deuda que hoy asciende a los 731 mil 503 pesos y que será cubierta con base en nuevos acuerdos internos entre la población.
“El dinero va y viene, resuelve uno muchos problemas, pero la libertad no tiene precio. El no poder salir con esa parte hacia los dañados, de no reparar esos daños, simplemente los ciudadanos no saldrían”, dijo Montero Castellanos, ante las decenas de pobladores que se congregaron en la plaza del municipio indígena.
En su mensaje, los habitantes reconocieron la participación de las autoridades del gobierno estatal, encabezadas por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, para la firma del “pacto por la paz y la gobernabilidad”, que reconoce a como representantes del Concejo Municipal a Pablo Alonso Rodríguez, Guadalupe Ariza Pérez, Lilia González Cortés y Alberto Lavín Márquez, y como integrantes del Concejo Mayor a Gerardo Pérez González, Santos Mejía Morales y Bulmaro Hernández Escobar. Estos ciudadanos fungirán como autoridades del municipio indígena en lo que resta de este año.
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