En el último día de comparecencias, diputados del Grupo Parlamentario de Morena y sin partido solicitaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública abrogue el decreto de refinanciamiento de la deuda pública estatal ante la falta de avances en su aplicación.
La primer funcionaria en rendir un informe y ser cuestionada por los parlamentarios fue la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz Merino, quien reconoció que la invalidez del Presupuesto de Egresos 2020 por la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y la pandemia de Covid-19 fueron los grandes retos de la dependencia a su cargo el año pasado.
Confirmó que por la invalidez tuvieron que reajustar el presupuesto que ya venían ejerciendo desde hace 11 meses, mientras que a consecuencia de la contingencia sanitaria registraron una disminución en la recaudación del ocho por ciento en comparación con 2019, pese a ello, el Ejecutivo estatal tuvo que ejercer diversas ampliaciones presupuestales, específicamente 331 millones de pesos a salud, alrededor de nueve millones de pesos a seguridad y 20 millones a desarrollo económico.
A pregunta expresa, la funcionaria estatal afirmó que los 15 millones de pesos etiquetados para el presupuesto participativo, fueron utilizados para la atención de la contingencia sanitaria.
La secretaria de Hacienda y el diputado sin partido, José Casas González, se enfrentaron tras solicitarle este último aclarara el estado y beneficios concretos del refinanciamiento, cuya contratación aprobó el Congreso al Ejecutivo en diciembre de 2020; insistiendo la funcionaria estatal no se trata de una nueva deuda, aunque refirió aún no se ha podido concretar.
El legislador local denunció que en el decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” se cambiaron los términos y condiciones del refinanciamiento, por lo cual pidió se pusiera sobre la mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública la abrogación del decreto. A esta petición se sumo la diputada morenista, Alejandra Flores Espinoza.
La funcionaria explicó que además de las afectaciones en salud, la emergencia sanitaria generó también estragos financieros, y el área a su cargo tuvo que enfrentar la caída de los ingresos propios por un monto de 230 millones 214 mil 507 pesos y una disminución en las participaciones federales del orden de mil 140 millones 346 mil 240 pesos.
La disminución total de los ingresos fue de mil 353 millones 560 mil 747 pesos.
La Federación ministró a favor del estado un importe de mil 52 millones 988 mil 947 pesos, de los cuales fueron distribuidos a los municipios un total de 241.8 millones de pesos.
La secretaria dio a conocer que entre las medidas de apoyo a contribuyentes implementadas en la pandemia, se prorrogó la presentación y pago de las declaraciones correspondientes a los impuestos estatales; además se otorgó la condonación del 100 por ciento en el pago del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados.
Los beneficios fiscales también incluyeron un subsidio del 100 por ciento en pago de derechos de registro e inscripción ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, y del 50 por ciento en el pago del canje anual de tarjetón para servicio público de transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo; y de la cesión de derechos tratándose de servicio público de transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo.
Respecto a las acciones en el ámbito recaudatorio, Boggio Tomasaz Merino indicó que se dio continuidad a los programas de colaboración con el Servicio de Administración Tributaria; se brindó asesoría a ocho mil 641 contribuyentes en trámites como registro en el padrón, reanudación de actividades y suspensión de obligaciones.
Aunado a ello, se hicieron más eficientes los procesos de fiscalización para favorecer a la recaudación federal y estatal, y fueron otorgados subsidios o estímulos fiscales en el pago de impuestos y derechos estatales, beneficiando a 36 mil 321 contribuyentes, también se emitieron 531 condonaciones por un monto total de cinco millones 346 mil 419 pesos, con la finalidad de regularizar la situación fiscal e incentivarlos en la reactivación económica de sus negocios.
En materia de procuración fiscal, subrayó que de acuerdo con el Informe de Evaluación de los Programas Coordinados SAT-UCEF-EF enviado en febrero de 2020, la Procuraduría Fiscal del Estado obtuvo el primer lugar a nivel nacional en relación a la efectiva defensa de los intereses del fisco con una calificación de 100.
Al final, la titular de la Secretaría de Hacienda dio respuesta a los cuestionamientos que emitieron los legisladores en dos rondas de preguntas.
