Exhorta el Colegio de Abogados del Estado al presidente de Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso, trabajar a la brevedad en la iniciativa de reforma a los Códigos Familiar y Civil para que los juzgados trabajen de manera electrónica frente a la pandemia de Covid-19.
Tras manifestar el presidente de la organización, Enrique Paredes Sotelo, a principios de junio que la justicia necesita despertar en Morelos, un grupo de abogados se reunieron tanto con el titular del Poder Judicial como de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el fin de generar estrategias alternas para avanzar en los casos pendientes, con herramientas electrónicas.
Al respecto, el litigante, recordó que la iniciativa para que el TSJ reciba de manera electrónica, ya sea por correo u otra vía el que los abogados puedan notificar a sus demandantes, sin tener que hacer acto de presencia, será trabajada en conjunto, logrando llevar a cabo un adecuado retorno a la realidad.
Mientras que en el encuentro virtual con el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, les dieron a conocer los parámetros para regresar a la normalidad a las áreas de la fiscalía y de las tres subprocuradurías regionales que existen; indicándoles tienen que avanzar en la cuestión tecnológica.
En este sentido, Paredes Sotelo, detalló que tanto el fiscal general como el magistrado presidente coincidieron en que la falta de recursos podría ser un grave conflicto para implementar sistemas de informática óptimos en sus dependencias, por lo cual los judiciales se comprometieron a poder conseguir una ampliación presupuestal para llevar a cabo las actualizaciones pertinentes.
“Es necesario que tengamos todas las herramientas como abogados para darle certeza a los justiciables de que sus procesos se van a reanudar bajo el principio de legalidad, imparcialidad, continuidad y rápidez”, afirmó. Los abogados se encuentran en contacto constante con las dos dependencias vía correo electrónica, estando en espera de que cuando se manden la iniciativa empezar a cabildear con los diputados, ya que consideran no tienen la experiencia suficiente en materia de procesos y conocimiento jurídico, requiriendo explicarles con alguna aplicación o de manera presencial porqué son necesarias las reformas.
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