Entre los cinco mil créditos que presentan problemas de pago en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), al menos un 20 por ciento están relacionados a empleados que fueron despedidos en sus empresas o a quienes les fue recortado el salario, en su mayoría han ingresado a distintos esquemas a fin de no perder el patrimonio que por años han pagado.
El representante de la oficina del Infonavit en Morelos, Jorge Salgado Ruíz, respondió que son alrededor de mil los créditos de vivienda que presentan problemas de falta de pago o atrasos en los mismos, los cuales serían atribuibles a las condiciones laborales que se dieron en la pandemia por Covid-19.
“Sobre todo ahora en la pandemia hemos puesto a disposición de los acreditados diversos esquemas como es el Solidario, en donde se les hacen descuentos hasta del 75 por ciento y son reestructuras temporales hasta de cuatro semestres; otras reestructuras como alargar la vida de su crédito, esquema que todos los días se están sacando para que los acreditados puedan salir adelante”.
Responde que a diferencia de un banco en donde le permite al acreditado tener más tiempo para recuperarse, incluso si perdió la fuente de trabajo se le da un plan denominado Fondo de "protección de pago", en donde durante seis meses el acreditado sólo aporta una suma simbólica, prórrogas, entre otras estrategias que se han tenido que ampliar en este confinamiento.
“Hay personas a las que se les redujo un 50 por ciento su salario, por eso está el esquema 'solidario', no tanto como que hayan perdido su trabajo”.
El delegado del Infonavit en el estado reconoció que una de las constantes denuncias es el “coyotaje”, pues personas que se dicen expertos tratan de engañar a ciudadanos vendiéndoles supuestas citas para realizar un trámite gratuito o “asesorarlos” para adquirir una vivienda cobrándoles comisiones verdaderamente onerosas.
“Estas personas que se dicen expertos no lo son, son gestores 'chafas' que les cobran por hacer trámites que cuando ellos vienen al instituto cada día son más sencillos, los puede hacer cualquier persona, atendemos tengan o no cita”.
Dichos gestores les cobran desde cinco hasta 30 mil pesos como si fueran agentes inmobiliarios y terminan siendo fraudes; sin embargo, señaló que al cometerse fuera de la institución la única alternativa que ofrecen es orientarlos para que presenten su denuncia penal “el dinero nunca llegó al instituto, los cometen afuera”.
Dijo desconocer que el número de victimas pues muchas de las personas no denuncian de manera formal, aclaró que todo documento que le muestren a los ciudadanos fuera del instituto es fraude pues los trámites solo se llevan a cabo al interior de la delegación.
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