Alcaldes de Morelos consideran insuficientes los 20 millones de pesos etiquetados este 2021 al Fondo de Aportaciones Estatales Concursables para el Pago de Laudos y Sentencias Ejecutorias, al señalar que esta cantidad no solventa las necesidades ni de los municipios más pequeños.
El presidente municipal de Totolapan y expresidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Sergio Olivera Chavarría aseveró que 20 millones de pesos no alcanzarán para subsanar el tema de laudos y demandas laborales que enfrentan la gran mayoría de los municipios en el estado.
Al señalar que en localidades como Puente de Ixtla -que el pasado 3 de diciembre se declaró en quiebra- su deuda asciende a 60 millones de pesos sólo en tema de laudos, mientras que en Totolapan cuentan con una demanda colectiva desde la administración 2013-2015 que ya casi llega a los 10 millones de pesos, aparte de diversos laudos que se mantienen desde hace 10 años en el Tribunal de Justicia Administrativa que ya superan los 800 mil pesos.
“20 millones de pesos para todo el estado, para más de 700 laudos que hay en ejecución es una cantidad que no va a alcanzar, como dicen en mi pueblo: 'ni para tapar la muela', es muy poco el recurso”.
A decir del edil, Ayala, Cuautla, Jantetelco, Jonacatepec, Puente de Ixtla, Tetecala, Totolapan y Yautepec, son los ayuntamientos con mayor número de laudos y demandas labores en el estado, dejando mucho que desear los 20 millones de pesos etiquetados por la actual Legislatura; “ni 10 veces más, 200 millones de pesos ayudaría realmente a un rescate financiero en el tema de laudos”.
Olivera Chavarría cuestionó además el funcionamiento del fondo, toda vez que para 2020 el Congreso local etiquetó 50 millones de pesos, a los cuales no pudieron acceder ante el retraso en la publicación de las reglas de operación y al invalidar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el Presupuesto de Egresos 2020 por violaciones graves al proceso legislativo.
Para el munícipe, la solución en un primer punto, es tener claro el panorama de cuánto es el recurso que necesita cada municipio por el tema de demandas laborales, así como crear una comisión a nivel estado donde participe el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el gobierno estatal, el Congreso local y los ayuntamientos para ver cómo se puede negociar contando ya con dinero seguro para comenzar así a disminuir la deuda pública por concepto de laudos, mientras que los municipios deben destinar por su lado una parte del presupuesto para el pago de laudos sin descuidar los servicios públicos, “sobre todo en este año que es el último año de las administraciones”.