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El escándalo empezó en una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de igual forma se le dio carpetazo. Iniciaba marzo y muy temprano el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, frente al mandatario anunciaba las investigaciones del que llamaba Caso Primavera, que involucraba un “jefe de oficina de un gobierno local” en una trama de operaciones financieras sospechosas por 741 millones de pesos que incluían, dijo,
Nieto Castillo aseguró entonces que “esta persona recibe transferencias internacionales y reportan seis movimientos inusuales por 441 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos”, en las diapositivas que utilizaría para diagramar las operaciones se incluía la imagen de la fachada de una presunta propiedad en Cuernavaca, en la Colonia Amatitlán, propiedad de José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina de la gubernatura de Morelos.
Las demandas para que el funcionario investigado dejara el cargo fueron inmediatas igual que la seguridad en los círculos políticos de Morelos de que Sanz era el funcionario investigado. Legisladores de oposición, dirigentes partidistas, empresarios, resaltaban la urgencia de que el funcionario abandonara el cargo en tanto se investigaba su probable participación en hechos que podrían constituir delitos.
Días más tarde, el nueve de marzo, quien aún es uno de los colaboradores más cercanos del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, negaría estar siendo investigado por la UIF; el 12 del mismo mes casi a mediodía, el mandatario aseguraba estar dispuesto a colaborar en todo lo necesario para que los señalamientos de corrupción sobre su régimen se aclararan y expuso que incluso consideraría remover a Sanz del cargo “Sí confío en ellos, digo, al final de cuentas, los trapitos se van a cambiar en la administración cuando uno salga y les van a hacer observaciones y se los he manifestado. Aquí nada más estamos seis años, luego llega el otro gobernador y va a hacer lo mismo que nosotros, hacer observaciones, y al que haya jugado chueco, ni hablar, pues que le toque y pague con las últimas consecuencias”; por la tarde, el jefe de la oficina de la gubernatura comparecería frente a legisladores por la glosa del informe de gobierno, al término reconoció que seguía en la balanza separarse del cargo pero advirtió: “Estoy totalmente tranquilo. Aquí se habla de un tema de corrupción, no hay ningún tema de corrupción... Totalmente tranquilo”, y rechazó ser el funcionario a quien la UIF investigaba.
Pero el 19 de marzo, al acudir a Cuernavaca a firmar un convenio de colaboración para facilitar el acceso a datos del gobierno estatal, Santiago Nieto reconocería que el funcionario involucrado en el Caso Primavera era, justamente, José Manuel Sanz: “Sí está en proceso de investigación el Jefe de la Oficina del Gobierno del Estado, no puedo dar datos por el deber de sigilo de las investigaciones, en razón de que existe en este momento una disputa jurídica respecto a los límites de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información pública cuando estamos en presencia de un principio de presunción de inocencia y por tanto no podría darle mayores datos al respecto”.
La pandemia de Covid-19 liberaría un poco de la presión del escándalo iniciado en aquella mañanera del 4 de marzo; pero la aparición de nuevas filtraciones sobre investigaciones de la UIF sobre actividades financieras del círculo cercano a Cuauhtémoc Blanco revivió el caso Primavera que involucra a José Manuel Sanz y la investigación que desde el año pasado se reveló sobre el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda.
Pero en un marco similar al que fue anunciado el Caso Primavera, una mañanera, el presidente López Obrador dio carpetazo al asunto: “en el caso de Morelos ha habido acusaciones, se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, esto me lo informó Santiago Nieto, de Inteligencia Financiera”.
Y aseguró “hay denuncias presentadas que corresponde atender a la Fiscalía General de la República, pero no hay elementos, en lo que a nosotros corresponde, en lo que tiene que ver con el manejo del dinero acerca de funcionarios en el caso de Morelos”. Y abundó: “miren, tenemos que actuar siempre con apego a la verdad, porque no es acusar por acusar con propósitos políticos o partidistas. Donde se encuentra que hay elementos, se procede. ¿Por qué sostengo que no hay elementos en estos casos que se mencionan en Morelos? Porque Santiago Nieto me informó sobre lo que les estoy planteando. Sí hubo una investigación para varios funcionarios, pero no se demostró que sea dinero de procedencia ilícita”.
El marco daría mucha mayor fuerza a las palabras del presidente, la mañanera fue en la 24a. Zona Militar de Morelos, en Cuernavaca, frente a Cuauhtémoc Blanco y después de presidir la reunión de seguridad con el mandatario morelense. Pero la exoneración no sería absoluta, López Obrador aclaró que “no hay elementos para continuar con una investigación y llevar el caso a la fiscalía, que es la que tendría que resolver. Hay otras denuncias, pero no de parte nuestra, no lo que tiene que ver con el Ejecutivo Federal”, cerró el tema.
Hasta el momento se sabe que la UIF ha investigado operaciones financieras de Pablo Ojeda, secretario de Gobierno; José Manuel Sanz, jefe de la oficina de la gubernatura; y otros colaboradores y familiares del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, sin cargos en el gobierno estatal.
