La diputada Marguis Zoraida del Rayo Salcedo realizó la reparación del daño al Congreso del Estado por el orden de los 800 mil pesos tras haber cobrado “indebidamente” una pensión; el Poder Legislativo por lo que las acusaciones en su contra quedaron sin efecto, confirmó el Vicefiscal Anticorrupción Rodolfo Núñez Urquiza quien aclaró que salvo que ella incumpla con la reparación, el caso podría reactivarse.
El 26 de octubre, integrantes de la LV Legislatura local le tomaron protesta al cargo a Marguis del Rayo del partido Morelos Progresa, y suplente de la diputada Gabriela Marín Sánchez, asesinada el 5 de octubre de este año. Al respecto, el vicefiscal precisó que no hay impedimento legal que lo prohíba.
“Se llevó a cabo una suspensión condicional, que es una salida alterna relacionada con el proceso legal que ella tenía por la obtención de una jubilación y se procedió a la reparación del daño integral de lo que ella había obtenido de la pensión indebida”.
Presuntamente había presentado documentos falsos para comprobar su trayectoria laboral, pero Rodolfo Núñez dijo que al ser un delito menor con una pena de cinco años, la legisladora tuvo derecho a esta salida.
La cifra que aceptó el Poder Legislativo fue de casi 800 mil pesos “eso no quiere decir que se haya terminado por completo el procedimiento porque puede que incumpla alguna condición y se reaperture el caso, sin embargo, eso no limita al ejercicio que ella puede tener”.
Al ser un derecho que pueda concederse a quienes infrinjan este tipo de delitos, los acusados por el Congreso del Estado pueden pedir este tipo de salvamentos tras obtener una pensión “dorada”, dijo Núñez.
“En algunos de ellos porque no todos están vinculados con el mismo delito; sólo en aquellos en donde la penalidad no excede los cinco años que es el delito de fraude procesal, pues tener como salida alterna una suspensión condicional del proceso pero deben reparar el daño, que en estos casos asciende a los los 800 mil pesos, incluso algunos hasta un millón de pesos, si ellos no reparan el daño ni pueden acceder a esta”.
Actualmente son alrededor de 70 denuncias presentadas por el Congreso, de las cuales 35 han sido judicializadas, el resto esperan puedan entrar en este proceso en el 2023.
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