La organización civil México Unido, con representación en todo el país, respaldó a los trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) al oponerse a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el zócalo de Cuernavaca, se pronunciaron sobre la situación.
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“La toma del Poder Judicial de la Federación dejaría indefensa a la sociedad mexicana ante la violación de los derechos humanos, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a un juicio justo; generando inseguridad jurídica”, afirmó Francisco Sosa, vocero de México Unido, capítulo Morelos.
Sosa advirtió que estas decisiones generan desconfianza en las instituciones y frenan el desarrollo económico y social, porque desalientan la inversión. Además, señaló que la reforma fortalecerá la corrupción y la impunidad: “Ante la falta de controles judiciales, se favorecerá la persecución de opositores políticos, defensores de derechos humanos y cualquier persona que critique al régimen, permitiendo acciones autoritarias mediante un sistema judicial controlado y manipulado para servir a los intereses del régimen”, agregó.
Paro de labores es indefinido
Por su parte, Deyanira Martínez Contreras (integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Morelos) informó que el paro de labores es indefinido y forma parte de una decisión a nivel nacional. Sin embargo, aclaró que atenderán casos urgentes y ofreciendo asesorías jurídicas gratuitas.
La manifestación realizada el viernes 23 de agosto fue según Martínez Contreras, un éxito, y dio visibilidad a la causa: “Nuestra causa última es defender la democracia como ciudadanos. Ha sido difícil tomar la decisión de suspender labores para hacer un llamado fuera de nuestras oficinas. Hemos sido criticados por no habernos acercado antes a la sociedad para que comprendan lo que hacemos”, comentó.
¿Qué propone la reforma al Poder Judicial?
La iniciativa de reforma propone modificar el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los jueces sean elegidos mediante voto popular directo por un periodo de 12 años, en lugar de los 15 años actuales.
Asimismo, la reforma haría cambios en el tiempo de permanencia de los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reduciendo su mandato a entre 8 y 14 años, en contraste con los 11 a 15 años que ocupan actualmente.
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