El Congreso de Morelos iba a discutir y probablemente aprobar la despenalización del aborto en Morelos, la noche del siete de junio.
El tema había sido propuesto como de urgente y obvia resolución lo que en lenguaje llano significa que tendría que dispensarse una segunda lectura del dictamen reformista (una iniciativa que el grupo parlamentario de Morena presentó desde septiembre de 2021) y votarse en la misma sesión, pero antes de la discusión del tema una decena de militantes de grupos Provida llegaron al recinto y reclamaron a los legisladores que, finalmente, una vez más aplazaron la aprobación, dejando en la incertidumbre jurídica a miles de mujeres morelenses que podrían recurrir a la práctica de forma segura.
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En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 196 del código penal de Coahuila, que establecía penas de prisión a las mujeres que voluntariamente practicaran su aborto o a quienes la hicieran abortar con el consentimiento de ella porque vulneraba el derecho a decidir de las mujeres. La determinación no era menor, pues obligaba a todos los jueces en México, federales y locales, a “considerar inconstitucionales las normas penales de las entidades que criminalizan el aborto de manera absoluta”, establece el comunicado 271/2021 de la Corte.
La determinación de la Corte reavivó en Morelos un tema que se ha discutido desde hace más de una década. Las últimas tres legislaturas del Congreso del estado han tenido discusiones sobre la despenalización del aborto sin lograr consensos para aprobar no sólo el cese a la criminalización de mujeres que ejercen su derecho a decidir, sino reformas integrales a las leyes de salud que permitirían la práctica segura de los abortos en Morelos.
Desde el inicio de la LV Legislatura, en septiembre de 2021, se ha discutido intermitente sobre la despenalización del aborto que, sin embargo, ha olvidado otros asociados para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y que han sido reclamos constantes de la lucha feminista en Morelos y el resto del país. Entre ellos, la disponibilidad y calidad del servicio en las clínicas de salud, la regulación a la objeción de conciencia, las campañas de difusión, la sanción a acciones de persuasión en contra del derecho a decidir, que van mucho más allá de borrar las penas corporales y administrativas contra las mujeres que deciden abortar.
De hecho, la iniciativa con proyecto de reforma que discutirá el Congreso local en su próxima sesión busca reformar los artículos 115, 117 y una adición a la fracción VI del 119 del Código Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de despenalizar la interrupción del embarazo hasta la décima segunda semana de gestación.
Y ni siquiera esa iniciativa logró reunir los consensos para ser votada de forma inmediata. En la sesión del miércoles 7 de junio, 11 diputados votaron a favor, tres en contra y cinco se abstuvieron, a considerar el tema de urgente y obvia resolución, sumando una más a las 91 semanas que han transcurrido desde que la Suprema Corte declaró inconstitucional la criminalización del aborto en México. Frente a la votación, la promovente, la diputada Edi Margarita Soriano advirtió: “seguiremos intentando en la próxima sesión, recuerden que los diputados nos debemos a todos los sectores, que no nos debemos a ninguna religión, no a creencias, nuestro compromiso es con todos los morelenses y en beneficio de todos los sectores”; también señaló que no se trata de promover la práctica del aborto, sino de defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su salud.
Pero el tema no es sencillo, la presión de los grupos provida y de las iglesias sobre los diputados y componentes ideológicos y personales han dividido incluso al bloque de 15 legisladores que forman la mayoría que toma las decisiones en el legislativo morelense desde octubre pasado. La fracción de Nueva Alianza, por ejemplo, va en contra de la despenalización, lo mismo que parte de los diputados de Acción Nacional y hasta dos diputadas de Morena han expresado su rechazo a la iniciativa.
Para la panista Andrea Gordillo, el problema es que “la iniciativa que nos presentaron no es correcta, no está bien hecha, no se llevó a cabo el proceso legislativo correspondiente".
Frente a las deficiencias que alega sobre el tema, votó en abstención sobre el dictamen, igual que hicieron otros panistas. El voto de la legisladora es relevante no sólo porque es parte de la comisión de Puntos Constitucionales, también preside la de salud, además de que desde antes de ser candidata del PAN a la diputación local por el primer distrito de Cuernavaca fue activista a favor de las mujeres, la salud y el medio ambiente.
Gordillo asegura que es necesario que las reformas en torno al aborto consideren también la necesidad de un sistema integral de salud: “Hoy no podemos políticamente hablando pasar una iniciativa, si no está bien hecha”. Y advirtió que de ser aprobada la iniciativa hoy, los hospitales no tienen las herramientas ni médicos especialistas para dar atención, lo que sigue manteniendo en riesgo a las mujeres.
“No estamos a favor de que metan a una mujer a la cárcel por el hecho de abortar, eso es importante que lo sepan", detalló.
Para las colectivas feministas tampoco es suficiente la despenalización; deben hacerse modificaciones a la Ley de salud que regule cómo será la atención a las personas gestantes. Además de que no se podrá postergar con citas a largo plazo para que un especialista realice la irrupción del embarazo, como ocurre actualmente para servicios de especialidad en diversas instituciones médicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o los propios Servicios de Salud del Estado.
También deberá atenderse el tema de la objeción de conciencia (argumento de carácter ético o religioso que una persona aduce para incumplir u oponerse a disposiciones oficiales), si así lo deciden los médicos especialistas a cargo.
Aunado a ello, implementar una campaña de difusión que alerte a las mujeres sobre su derecho a decidir e informar a detalle qué es lo que sí se contempla y lo que no.
Pero las omisiones legislativas no han detenido la realidad. Aun en el limbo jurídico que produce la inclusión en el código penal de Morelos del aborto como una conducta criminal, la práctica se lleva a cabo. Tania Osiris, del Colectivo Divulvadoras, explica que cada año alrededor de 500 mujeres buscan abortar, algunas lo hacen desde casa, tomando medicamentos “seguros”, mientras que otras prefieren acudir a clínicas de la Ciudad de México (donde es legal) y pagar lo necesario para preservar su salud.
Según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), cada año 200 morelenses van a la Ciudad de México, donde la práctica se despenalizó desde 2007, a practicarse un aborto.
Las colectivas feministas no han bajado los brazos, además de manifestarse constantemente en las calles y el Congreso local para exigir abortos seguros, el 31 de mayo de 2023 feministas morelenses ganaron un amparo a favor del aborto ante un Juzgado Federal; el Juzgado del Noveno de Distrito de Morelos resolvió el expediente 278/2023, que fue interpuesto por 48 feministas del Estado de Morelos. Ana Cortés, también de la colectiva feminista Divulvadoras, explicó que las 48 mujeres que participaron en el amparo no están embarazadas y el aborto es una práctica que harían en caso de ser necesaria.
La resolución favorable del amparo es parcial, dijo, porque falta emprender acciones legales en los servicios de salud para que a estas mujeres les den el servicio médico que necesiten.
Es decir, estás 48 mujeres pueden abortar sin ser criminalizadas, pero falta que tengan claro a dónde ir a interrumpir el embarazo en caso de que así lo decidan.
Los grupos Provida seguirán su activismo.
Juan Carlos Aguiñaga, presidente del consejo diocesano de laicos, mencionó que esperan convencer al Congreso local para no modificar el código penal del estado de Morelos y con ello proteger la vida. Dijo que el intento de modificar el código penal de Morelos en el artículo 115 y 117 haría que esta acción sea considerada como un método anticonceptivo, por lo que la Iglesia se encuentra en completa oposición.
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"No se lograron los votos, tuvieron 11 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, la ausencia de la diputada Mirna Zavala nos da un poco de respiro para poder convencer a los diputados de que el aborto no es una opción, más allá de que es un tema de salud pública, tenemos que procurar el bienestar de las mujeres", explicó.
Dijo que las mujeres pueden tener otras opciones ante una situación de embarazo no deseado; opciones en las cuales pueden ser acompañadas por la misma Iglesia.
Reiteró que todos tienen derecho a la libre sexualidad, sin embargo, son los adolescentes quienes no la están viviendo con conciencia.
"Nosotros a través de diversas asociaciones o de manera personal ayudamos a niños de la calle, a personas en situación de pobreza, a mujeres en situaciones de vulnerabilidad en cualquiera de sus fases, pero nosotros no lo hacemos público, porque no nos interesa promocionarnos para un puesto. Lo hacemos y nos lo guardamos", mencionó. / Con información de Jessica Arellano, Valeria Díaz y Emireth Cossio
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