Organismos y organizaciones civiles expusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave problemática que se vive en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 16, ubicado en Michapa, Coatlán del Río, donde 19 internas han muerto, por presuntos suicidios de 2021 a la fecha.
Christopher Alexis Sánchez, de la organización ASILEGAL (Asistencia Legal por los Derechos Humanos), señaló que las internas viven en condiciones deplorables. Asimismo, expuso puntos que hacen que esto se agrave como la lejanía y poca accesibilidad, el prolongado aislamiento en las estancias, la deficiencia de comunicación con sus familias, la lejanía del lugar donde llevan sus procesos, los traslados forzados, entre otros.
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Sobre estos últimos, señaló que de acuerdo con un informe especial se han documentado 293 traslados forzados del 2018 al 2022, muchos de los cuales no estaban justificados.
“El Cefereso es un escenario de las crisis más alarmantes en materia penitenciaria en nuestro país, no solo por las condiciones de internamiento sino por las continuas muertes de las mujeres privadas de su libertad”, expresó Alexis Sánchez.
Por su parte, Taissa Cruz Parcero, directora general del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), señaló que las recientes muertes reflejan una grave conjunción de factores, incluyendo el aislamiento social, la falta de acceso a servicios de salud especializados y una política penitenciaria que prioriza las sanciones sobre la atención integral, con un enfoque de género y derechos humanos.
Se informó que entre las controversias judiciales que ha promovido el IFDP, el 80% están relacionadas con la falta de atención en salud.
“En particular, se ha solicitado la contratación de médico personal especializado en ginecología y psiquiatría, a fin de ofrecer una atención continua y adecuada para las internas. No obstante, estas demandas no han sido atendidas hasta la fecha, lo cual pone en riesgo la salud de las mujeres y vulnera sus derechos fundamentales".
Asimismo, se dio a conocer que se han presentado denuncias a favor de 14 mujeres que reportaron posibles actos de tortura y malos tratos, así como denuncias por las muertes ocurridas en el centro.
Con corte a septiembre, han realizado 4 mil 465 visitas, mil 144 peticiones administrativas, mil 45 peticiones administrativas de salud, 79 controversias de salud promovidas, 121 controversias declaradas fundadas, 70 demandas de amparo promovidas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CEHM), Raúl Israel Hernández Cruz, se refirió a las deficientes investigaciones que se han realizado para esclarecer las muertes de las 19 mujeres.
Por primera vez, autoridades del estado mexicano hablaron del tema, tal es el caso Richard Urbina Vega, titular de la Unidad de Asuntos Legales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, quienes expusieron los trabajos que han realizado para mejorar la condición de este sitio.
Señaló que actualmente el Cefereso 16 cuenta con poco más de 900 internas, lo que representa un 37 por ciento de la capacidad total de este.
Por parte del estado mexicano, expusieron que las internas han padecido del abandono de sus familiares, lo que repercute de gran manera en ellas.
Por su parte, también se dio cuenta que el relator de personas privadas de la libertad de la CIDH, refirió que están en posibilidades de brindar asistencia técnica y de realizar una visita in situ si el estado mexicano realiza una invitación.
Esta cuestión resulta de suma relevancia e instamos a las autoridades mexicanas a generar los canales adecuados para la concreción de la misma
Israel Hernández Cruz, ombudsman Morelos
Finalmente, las organizaciones civiles y la CDHM solicitaron a la CIDH que inste al estado mexicano a implementar la creación, en un tiempo no superior de 15 días hábiles, de una mesa de trabajo multidisciplinaria, la emisión de una Alerta de Violencia de Género en el Cefereso 16, investigaciones rigurosas y con enfoque de género sobre cada caso de muerte en custodia, y rediseñar mecanismos de prevención y no repetición de las muertes en custodia.
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