Investigadores de Morelos insistieron que la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 08 de mayo, afecta a los centros públicos de divulgación con el cambio de imagen y normatividad.
"Les pidieron que hicieran su normatividad, pierden su carácter de investigaciones, porque no sólo pierden su estabilidad laboral, sino que pierden su autonomía, su libertad de investigación, y su libertad de cátedra", explicó Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Este 12 de mayo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, se realizó el foro “Mitos y realidades de la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia y Tecnología", en el que participaron Patricia Mussali Galante, directora de Investigación y Posgrado Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y David Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.
Patricia Mussali dijo que entre las consecuencias de la mencionada Ley es que se canalizan recursos únicamente a los temas que forman parte de los programas nacionales estratégicos, y el desarrollo de la ciencia básica estará enmarcada en ellos, lo que limita el quehacer científico, la ciencia aplica y hasta la libertad de cátedra.
“En la nueva ley no se contemplan los mecanismos por los cuales se generarían nuevas plazas de investigadores para integrar a los jóvenes egresados de los posgrados, es decir, se genera una gran cantidad de doctores y no hay mecanismos establecidos de retención, reduciendo las posibilidades a la inserción laboral y aumentando la fuga de cerebros”.
Luego de la exposición de las afectaciones a la comunidad científica con la nueva legislación, la doctora Brenda Valderrama Blanco solicitó al gobierno morelense presentar una controversia constitucional para evitar afectar al sector científico del estado.
Indicó que las defensas jurídicas del sector de investigaciones son muy complejas, ya que consta de cinco líneas.
La primera, es la acción de inconstitucionalidad, esta es presentada por los legisladores por ineficiencias del proceso; mientras que, la segunda son las controversias constitucionales, las cuales deben de ser presentadas por gobiernos estatales.
"Esta ley no respeta la distribución de competencias de diferentes órdenes de gobiernos, y domina sobre los gobiernos estatales y eso viola el pacto federal", explicó.
Por ello, mencionó que es necesario que el gobierno estatal encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicite una controversia constitucional ante la Ley que quita autonomía a investigadores, mientras tanto será el gobierno uno de los principales afectados.
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La tercera línea de acción indicó, menciona una violación en los derechos humanos, por lo que en este tenor podrán llevar amparos federales; la cuarta, refiere a los amparos colectivos, y la quinta a los amparos individuales.
"Estas cinco líneas que se están trabajando en paralelo, tenemos 30 días hábiles para las constitucionales y 30 días naturales para los amparos, las rápidas son las vías constitucionales, esas se resuelven en poco tiempo, los amparos pueden llevarse varios años pero son definitivos", explicó.
Señaló que a nivel nacional se trabaja en integrar el caso contra la ley y demostrar que tiene muchas deficiencias y afectaciones a ese sector.
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