Ejidatarios de Amilcingo, obtuvieron la suspensión de plano contra la operación del gasoducto la cual fue otorgada por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos.
Los ciudadanos calificaron la decisión del juzgado como un triunfo que no se había obtenido en los siete años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulso con ellos Samir Flores desde siempre.
Con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca.
En boletín de prensa, recordaron que en enero de 2019 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Puebla, confirmó el amparo para 4 comunidades de Atlixco para el efecto de que sean consultadas, hasta ahora no existía una suspensión de la operación del Gasoducto Morelos.
Por ello con la presente suspensión, que durará lo que dure el amparo y los recursos que se impulsen en el mismo, las más de 80 comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos, podemos tener un nuevo respiro de que no seremos despojados en nuestros bienes naturales, salud y seguridad, al menos que el Gobierno Federal pretenda violar la orden judicial federal e iniciar, como lo han intentado los gobiernos anteriores, el funcionamiento del Proyecto Integral Morelos.
Existen 10 amparos promovidos por 11 comunidades indígenas miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, en donde se reclama la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos nahuas del volcán, a pesar de la Recomendación 003/2018 de la CNDH, donde se documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del Proyecto Integral Morelos en torno al volcán Popocatépetl.
Ninguno de los amparos de pueblos indígenas y Recomendación de la CNDH tuvieron la fuerza suficiente para parar las actividades de transporte de hidrocarburos que, según el Estado, es de interés social, aun cuando existan inminentes deficiencias de seguridad en su instalación.
Solo los derechos agrarios de un ejido, el ejido de Amilcingo, han tenido la suficiente fuerza legal, de parar este proyecto, porque aún los derechos del ejido, cuenta con cierta protección constitucional ante el peligro de despojo de sus derechos.
Es por ello que en 2014 los Comisariados Ejidales que no cayeron en los actos de corrupción de la CFE, fueron perseguidos, criminalizados y encarcelados como el caso de Enedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante cuatro años. Esto demuestra la falta de garantías que tiene la protección de los derechos indígenas en nuestro país, donde el derecho a la consulta es visto como un derecho que se puede violar y que, una vez violado, no hay forma de restituirlo y las comunidades deben someterse, como hace 500 años, al yugo del patrón, del mal llamado “progreso”.
La suspensión de plano se otorga con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, donde el tubo se instaló con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, resultando baleados 5 compañeros el 13 de abril de 2014.
Esta suspensión del Gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para que no se pueda contaminar el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, a las suspensiones de plano de por lo menos 3 ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por 4 comunidades que sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas.
Por eso, aún cuando el Presidente de la República diga que está pendiente echar andar e imponer el Proyecto Integral Morelos, nosotros decimos que esta pendiente que nos escuche públicamente, esclarecer el asesinato de Samir, castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y perseguidos, desmantelamiento de los grupos de choque y que se reconozca y respete nuestros derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Esta pendiente restituir el tejido social de nuestros pueblos, respetar su autonomía y autodeterminación y castigar a quien viole los derechos de los pueblos indígenas de México. Los más pobres, los más despojados, los defensores y fundadores históricos de este país. Exigimos a la CFE, al Presidente de la República y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el Proyecto Integral Morelos en tierras zapatistas. Responsabilizamos al gobierno y empresas de cualquier acto de intimidación o represión que puedan sufrir las comunidades afectadas por el PIM y sus defensores, ya sea de manera directa o indirecta por medio de grupos de choque, delincuenciales vinculados con el gobierno y empresas, criminalización o represión de cualquier otra índole.
