En un 500 por ciento incrementó la demanda de ejecutorias de pensión por viudez y orfandad tras la pandemia por Covid-19, dijo el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Joaquin Roque González Cerezo; el área que mayor número de éstas generó, es la de Seguridad Pública, pues fue el personal que más defunciones pudo haber generado.
“Estamos hablando de números que se pueden consultar en la página del propio tribunal, desde la pandemia traíamos un promedio anual de cerca de 60 o 70 asuntos de declaración de beneficiarios y se dispararon un 500 por ciento después de la pandemia”.
Es decir, que en puntos más álgidos la emisión de declaración de beneficio alcanzó un promedio anual de más de 300 casos, que en algunos de los expedientes contemplaba hasta menores en calidad de orfandad.
Desde servidores públicos de Seguridad caídos en su servicio y hasta quienes fallecieron por Covid-19, puntualizó. En estos casos, algunos funcionarios de elección popular no han querido hacer frente a dichos compromisos.
En junio comenzó el proceso de arrestos contra autoridades municipales que no han cumplido con el pago de jubilaciones y pensiones, sin embargo, aceptó que un buen número interpuso amparos contra dichos arrestos por lo que deberán esperar a que el juzgado federal defina.
“Te puedo comentar que tenemos más de 20 amparos, en algunos casos es una sala en específico, en algunas en diferentes salas, en otros han incluido al propio pleno; tenemos desde puestos de elección popular o hasta por designación como tesoreros”.
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