La ex secretaria de Obras, Patricia Izquierdo fue vinculada a proceso junto con dos funcionarios más, y enfrentan el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Esta es la tercera vinculación a proceso que logra Fiscalía Anticorrupción contra la ex servidora pública de la administración de Graco Ramírez.
Tras una audiencia que se prolongó hasta las 05:00 horas de este martes, la Fiscalía Anticorrupción logró la vinculación a procesode la ex secretaria de Obras Públicas, la ex Directora de Infraestructura y un ex supervisor de Obras. Todos de la anterior administración del Gobierno estatal.
En boletín de prensa, se informó que en la audiencia celebrada este lunes en la sala 4 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la agente del Ministerio Público vertió más de 70 datos de prueba en contra de siete ex funcionarios estatales de la pasada administración, por Ejercicio Indebido del Servicio Público.
Lo anterior, relacionado con la construcción de una planta valorizadora residuos sólidos, ubicada en la localidad “El Zarco” del municipio de Yautepec, con un valor de más de 13 millones 800 mil pesos, la cual, nunca funcionó, ya que sólo se avanzó en un 40% de su construcción, pero fue entregada como si estuviera al 100 por ciento y nunca funcionó.
A criterio del Juez de Control, se acreditó la probable participación de Patricia "N", Lucero "N" y Marco "N" en la comisión del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, por lo que determinó auto vinculación contra ellos, en tanto, la Fiscalía Anticorrupción apelará la no vinculación de los demás funcionarios.
Este martes, se realizó la audiencia de vinculación a proceso a la cual asistieron los imputados que en el periodo referido se desempeñaban como: secretaria de Obras, Patricia; secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin; subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael; subsecretarios de Evaluación y Seguimiento Sergio y José; directora de Infraestructura, Lucero y el supervisor de Obras, Marco.
En mayo pasado, la ex secretaria de Hacienda fue vinculada a proceso por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones relacionado con la demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla con un costo de más de 75 millones de pesos, a lo que se le impuso como medida cautelar acudir a firmar cada mes a la Ciudad Judicial.