El informe Especial 1/2023 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16 Femenil, ubicado en el municipio de Coatlán del Río, tiene el primer sitio de casos con posibles conductas de riesgo suicida con 161 mujeres en esta situación, las cuales se autolaceran o incluso han llegado a colgarse y son “salvadas” por sus propias compañeras.
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En las visitas realizadas a dicho centro, se detectó que los traslados realizados a otros centros penitenciarios o módulos se realizaron sin la protección de derechos y sin perspectiva de género; además, existe una inadecuada integración de registros en expediente único, procesos de encierro prolongados, obstaculización en la comunicación con el exterior y falta de atención a la salud física y mental de las mujeres reclusas.
La CNDH indicó que para el diagnóstico se realizaron recorridos, por las instalaciones del módulo diez, se entrevistó a personal de los lugares supervisados así como a personas privadas de la libertad.
“El personal realizó cuestionarios e impresiones diagnósticas a 35 mujeres privadas de la libertad que se encuentran en el módulo 10 del Cefereso 16, en el estado de Morelos —quienes habían sido trasladadas de otros centros penitenciarios al Cefereso 16— con el propósito de identificar factores que pudieran poner en riesgo su integridad física y psicológica”, cita el documento difundido por la CNDH.
Entre las violaciones más graves detectadas por la CNDH está el aislamiento o encierro prolongado, el cual puede constituir actos de tortura en contra de las internas del penal, lo cual puede constituir efectos negativos en su salud mental y derivar en factores de estrés que puedan conducir a conductas suicidas.
Otra de las situaciones que afecta la salud mental de las mujeres internas son las pésimas condiciones de estancia.
“En el 100% de los testimonios recabados por el MNPT se advierte que, dadas las condiciones de encierro prolongado a las que se encuentran sujetas, carecen de actividades de cualquier tipo: laborales, de capacitación, deportivas, educativas, culturales o recreativas. Por lo que se limitan a dormir, hablar con sus compañeras, en caso de encontrarse cerca de alguna de ellas, y esperar que pasen los días para poder realizar su llamada telefónica programada, a este conjunto de circunstancias las mujeres privadas de libertad se referían como que las autoridades del centro las ponían al límite”, señala el informe.
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Así mismo, otra de las violaciones a derechos humanos que se vive al interior es la obstaculización en la comunicación con el exterior que tienen las internas al privarlas de hacer contacto con sus redes de apoyo cercanas como familiares o su defensa, luego de ser trasladadas al Cefereso. Solo pueden hablar por 10 minutos, una vez a la semana.
Personal del Cefereso es insuficiente
De igual forma, el personal de seguridad y custodia, técnico, psicológico, trabajo social, criminología y médico es insuficiente para cubrir las necesidades de la prisión federal, al sólo contar con: siete médicos, 21 enfermeras, tres dentistas, y ningún psiquiatra ni psicólogo, lo cual hace imposible que sean atendidas de manera ineficiente en su salud física y que haya nula atención a su salud mental.
Ante esto, la CNDH observó que por lo menos 35 mujeres presentaron altos niveles de tendencia suicida derivado de los factores antes expuestos.
CNDH pide atender los problemas de Cefereso
El organismo emitió una serie de recomendaciones que el Cefereso deberá cumplir de manera inmediata, y a mediano y largo plazo.
De forma inmediata, tendrá que “crear un mecanismo para garantizar que las mujeres privadas de la libertad que lo deseen puedan efectivamente comunicarse de forma escrita o telefónica con personas fuera del Centro Penitenciario”.
Entre las recomendaciones a mediano plazo se deberá desarrollar e implementar un mecanismo de supervisión periódica con el objetivo de que la población de mujeres que requieran de tratamiento de adicciones tenga acceso a dicho programa. El cual tendrán que cumplir en un plazo no mayor a 60 días.
Mientras que, a largo plazo, no mayor a 180 días naturales, deberán actualizar y publicar el Protocolo de Detección e Intervención de la Conducta y Riesgo Suicida en personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad.
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