Reporteras y reporteros convocaron a participar en el “Diálogo para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección Ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” que se realizará en el Centro Cultural Teopanzolco. Esto “ante la crisis de violencia que padecemos en todo el país las y los periodistas, consideramos que es fundamental expresar nuestras inquietudes y aportar nuestras opiniones sobre los riesgos que corremos al ejercer nuestro oficio para que formen parte de la ley que se impulsa a nivel federal”, Héctor González, reportero de Morelos.

El evento es organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el cual se llevará a cabo de las 9:00 a las 15:00 horas los días jueves 24 y viernes 25 de marzo.

Hizo ver que en el caso particular de Morelos “sabemos que no son iguales, por ejemplo, los riesgos que enfrentamos periodistas de la zona metropolitana a los que padecen las y los colegas de las zonas sur y oriente, o los que sortean quienes cubren hechos de violencia o quienes realizan periodismo de investigación, por lo que insistimos en la necesidad de aportar propuestas desde la perspectiva de cada una y uno de quienes ejercemos esta labor”. “Insistimos en la creación de una ley específica para la protección de las y los periodistas, y otra relativa a la protección de las personas defensoras de derechos humanos porque la legislación tiene que ser acorde a la necesidad de cada sector", son las propuestas.

“Garantizar recursos materiales, económicos y humanos que puedan utilizarse de manera inmediata en situaciones de emergencia para poner a resguardo a periodistas en peligro.; fortalecer a los mecanismos estatales y establecer la facultad de atracción del mecanismo federal sobre casos en los que el o los agresores pertenezcan a instituciones vinculadas al mecanismo y las acciones de protección de periodistas.

Otra de las propuestas es capacitar y especializar en defensa de la libertad de expresión a los servidores públicos que forman parte de todo el andamiaje institucional del mecanismo de protección con el propósito de contar, por ejemplo, con jueces, ministerios públicos, policías y hasta secretarios de despacho debidamente instruidos sobre temas de libertad de expresión y ejercicio periodístico.

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