Tras entrar en vigor el decreto presidencial que faculta a la Fuerza Armada de México a participar en labores de seguridad pública, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado de Morelos pidió no se imponga el terror como sinónimo de seguridad.
Marco Aurelio Palma Apodaca, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado de Morelos, comentó que este miércoles entró en vigor el respectivo acuerdo emitido por el Presidente de la Republica (ya publicado el martes en el Diario Oficial de la Federación), en el cual consideran que prácticamente militariza la seguridad pública en todo el territorio nacional.
“Sustancialmente ordena a la fuerza armada permanente a que lleve a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria conjuntamente con la Guardia Nacional durante un periodo de cinco años y donde, básicamente, el Presidente de la Nación instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para que se coordine con el Secretario de la Defensa Nacional y el de Marina para que definan la forma en que las actividades de las Fuerzas Armadas Permanentes, complementaran la función de la Guardia Nacional mientras esta última desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”, expresan textualmente a través de un comunicado.
Destacó que en Morelos como en el resto de las entidades se enfrenta a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales.
Marco Aurelio Palma dijo que hoy en día los pueblos se autoorganizan en diversas regiones del país y el gobierno continúa en la tendencia de utilizar todo su poder represivo contra todo el que proteste.
“Es de mencionar que los niveles de violencia y de inseguridad en Morelos han crecido, pues siguen siendo asesinados jóvenes en las calles y el feminicidio resulta imparable sin que se aplique de manera efectiva la Alerta de Violencia de Género por indolencia burocrática, evidenciando así la violencia institucional contra las mujeres”, dijo.
Consideran que los llamados retenes fuertemente armados con la vieja estrategia de militarizar la policía colocan en mayor riesgo a la ciudadanía. “Hoy por hoy, se requiere cambiar el paradigma de Seguridad, donde la policía este cercana y controlada por la población, y no cada vez más alejada de ella”.