Abogados y ciudadanos morelenses presentaron este jueves al Congreso local una solicitud de juicio político en contra del ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por la retención de participaciones de 100 millones de pesos en julio y agosto de 2017, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), lo cual violenta los derechos humanos a la educación y laborales de la comunidad universitaria que dieron paso a la huelga que actualmente enfrentan.

Al respecto, el abogado Enrique Paredes Sotelo indicó que la solicitud señala como causales la afectación grave a la máxima casa de estudios, por la retención indebida de recursos económicos tiene "nombre y apellido", el responsable de la problemática que afecta a 43 mil estudiantes, más docentes y trabajadores administrativos, por lo cual decidieron presentar esta acción ante la falta de ganas de los legisladores para empezar con los juicios de responsabilidad.

Destacó que el juicio de responsabilidad tiene un término de prescripción de un año para hacer accesible una responsabilidad de tipo administrativa, mientras que por otro lado faculta a los ciudadanos a implementar este tipo de acciones, ya que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos así lo contempla, y es una manera de acabar con la impunidad en el estado.

Paredes Sotelo puntualizó que con este acto tratan también de verificar si la LIV Legislatura tiene una línea de protección al ex mandatario estatal o si bien actúan en forma libre, al ser un ente autónomo que no debe trabajar en favor del Ejecutivo actual o anterior.

Los manifestantes señalaron que existen otras anomalías por parte del Gobierno perredista, pero no cuentan con las pruebas para enjuiciarlos, sin embargo, la situación de la UAEM si les consta al formar parte de la misma como catedráticos y al ser líderes sociales.

La solicitud de juicio político fue entregada al diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, quien se comprometió a entregarlo a la Junta Política y de Gobierno (JPyG) para su revisión y poder ser turnado al órgano legislativo que preside para ser presentado al Pleno, puesto que consideró que nadie haya cometido un delito de la administración podrá salir mañana a cámaras diciendo que es un perseguido político, o que es un berrinche de Enrique Paredes, o de Pepe Casas.