Por la urgencia de inaugurar la nueva sede del Congreso local, legisladores incurrieron en ilegalidades que implican responsabilidad administrativa. La Secretaría de Obras Públicas inició una revisión física y financiera del nuevo inmueble para determinar el nivel de responsabilidad de la anterior vicepresidente del congreso Hortencia Figueroa y de la ex titular de la dependencia Patricia Izquierdo, "echaron a perder la garantía de equipos costosos", subrayó, Fidel Giménez Valdés.
Por lo pronto con la presidencia de la mesa directiva del Legislativo, reveló que ya se está revisando la forma en que se recibió el edificio; para ello habrán de hacer inspecciones físicas y financieras de la obra.
En la primera evaluación, observó, "hay un tema de pérdida de garantías en los equipos de aire acondicionado que valían un 'dineral' de más de 400 mil pesos, pero por capricho de cierta legisladora de la pasada Legislatura, que ordenó ponerlos en operación por la prisa de echar andar el Congreso, se perdieron las garantías de esos equipos".
Fidel Giménez aseveró que esta acción implica una responsabilidad administrativa que necesariamente debe señalarse, y notificar a la autoridad respectiva. Expresó que los culpables podrían ser estos legisladores y la ex funcionaria estatal, pero será la autoridad responsable la que determine en donde estuvo la ilegalidad.
Cabe recordar que el congreso morelense fue inaugurado exclusivamente para el informe del ex gobernador Graco Ramírez el 28 de febrero del 2018. El costo final de la obra fue de 372 millones de pesos, según reportó Obras Públicas.
Aunque era evidente que el edificio no estaba terminado se llevó a cabo una sesión y hasta un recorrido entre el gobernador y los diputados de la pasada Legislatura.
Esta prisa por inaugurar la obra ubicada en la calle Guillermo Gándara de Cuernavaca, podría implicar responsabilidad administrativa en contra de ex funcionarios y ex legisladores, "pero como abogado lo digo no tengo la menor duda que hay culpables por las deficiencias evidentes del inmueble y para eso eso se va a llevar a revisar el estatus físico y financiero real con cuentas por pagar de 300 millones de pesos pero puede ser más", finalizó.