El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) informó que al menos cinco pozos de agua en la ciudad se encuentran obsoletos, lo que complica la distribución del agua en plena crisis de estrés hídrico.
“La relocalización de pozos: tenemos muchos pozos cuya vida útil está llegando a su fin. Sería bueno perforar pozos nuevos, incluso en los mismos lugares, pero con una mayor profundidad. Por lo menos son cinco pozos”, declaró Dante Figueroa Castelar, director operativo del SAPAC.
La zona más afectada es Lomas de Cortés. Las autoridades estiman que rehabilitar cada pozo llevaría entre tres y cuatro meses, tiempo en el que quedarían en condiciones óptimas para mejorar el suministro de agua, sobre todo en temporada de sequía.
Figueroa explicó que este proyecto requiere una inversión considerable y que también es necesario contar con el apoyo del Ayuntamiento de Cuernavaca para definir bajo qué condiciones se pueden construir estos nuevos pozos, con el fin de evitar que en la temporada de sequía la gente se quede sin agua, como ha sucedido anteriormente.
Este plan no se podrá ejecutar este año, pero podría concretarse en la siguiente administración. Hay posibilidades de que avance, ya que el tema del agua potable ha sido planteado ante la gobernadora Margarita González Saravia por medio del alcalde José Luis Urióstegui, y se ha puesto como una prioridad.
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Además, Figueroa señaló que también se debe trabajar en la eliminación de fugas, ya que gran parte del agua se pierde por daños en la infraestructura.
Vamos a determinar varias estrategias para la siguiente administración, tener proyectos y llegar al siguiente estiaje con una disminución en los problemas actuales, como la recuperación de los caudales
Comentó que aunque todos los pozos están en operación, incluyendo los que sufrieron robos de cables hace unas semanas y dejaron a varias familias sin agua por hasta tres días, se resolvió el problema, aunque con un gasto adicional.
Finalmente, aseguró que las afectaciones por este tipo de incidentes, más allá del costo económico, dañan a la población y generan quejas de los usuarios, ya que el SAPAC tiene la obligación de garantizar el servicio, incluso cuando se trata de problemas causados por la delincuencia.