Mientras que el Congreso de Morelos cerró sus puertas hasta el 17 de abril, las iniciativas pendientes y nombramientos se siguen acumulando, así como las ejecutorias de amparos a acatar, particularmente regresar las “jubilaciones doradas”.
Desde el viernes pasado, la Junta Política y de Gobierno, así como la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos aprobaron como una “acción urgente y prioritaria para el bienestar de todos” cerrar las puertas del Parlamento local ante la pandemia por el coronavirus, garantizando el interés superior de la ciudadanía y de la base trabajadora.
No obstante, ante la falta de acuerdos presente desde el inicio de la actual legislatura el trabajo se ha visto paralizado, lo cual se ha traducido en pendientes, en especial al hablarse de reformas o actividad legislativa, como ejemplo la Ley de Identidad de Género, que adiciona diversas disposiciones del Código Familiar y Procesal Familiar del estado con el propósito de facilitar el cambio de identidad de género, ajustándola a la realidad social de cada persona; iniciativa que se ha trabajado sin éxito desde la pasad legislatura.
Asimismo, diferentes armonizaciones como prohibir las condonaciones y en materia de derechos humanos, así como aprobar o desechar el segundo convenio modificatorio con la empresa “Ferrosur” requerido por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo desde el año pasado y modificar 32 leyes de ingresos municipales con incrementos del 15 por ciento en los derechos.
También nueve ejecutorias de amparo para regresar las famosas “pensiones doradas” entregadas por sus antecesores como de urgente y obvia resolución, entre las que se encuentran la exsecretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, quien promovió el pasado 16 de abril el juicio de amparo 505/2019, admitido por el Juzgado Tercero de Distrito.
De igual modo, la resolución judicial que favoreció al magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norberto Calderón Ocampo para que garanticen su ratificación al cargo por 20 años, luego que la LIV Legislatura aprobó mediante un acuerdo parlamentario disminuir el tiempo de permanencia de los magistrados del Poder Judicial de 20 a 14 años.