La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) presentó este lunes junto a organizaciones sociales, ante el Congreso local, la propuesta para reformar el Código Penal del Estado de Morelos y la Ley de Salud del Estado garantizando la interrupción legal del embarazo.
Mientras integrantes de la Red de Colectivas Morelos portaban diferentes pancartas con la leyenda “¡Será Ley!” y su tradicional paliacate en color verde, el ombudsperson, Raúl Israel Hernández Cruz, confirmó que Morelos se ha convertido en los últimos años en uno de los lugares más peligrosos para ser mujer, una de estas expresiones se da por la negativa a los derechos a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, negar el derecho a la privacidad, a la intimidad y el ejercicio de la libertad de procreación, es decir, decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento entre ellos y hasta no tenerlos.
“Las violencias en contra de las mujeres en Morelos son de distintos ámbitos, laboral, civil, familiar, político, de la salud –que hoy nos está ocupando-, en el ámbito de las leyes, que discriminan y niegan los derechos. Tenemos que dejar los discursos, tomar acciones reales, concretas y materiales a favor de algo que se está negando y violando”, acentúo.
En el marco del Día por la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro -28 de septiembre-, Andrea Campos, representante de la Red, denunció que aún cuando existe la Ley de Víctimas general y estatal, la NOM046 que permite el aborto por violación y las causales vigentes, en la entidad los abortos clandestinos e inseguros siguen siendo una realidad, generando no sólo consecuencias en la salud de las mujeres sino también repercusiones judiciales y una criminalización social para quienes ejercen su derecho a decidir.
De acuerdo a la RED-TIC Por Los Derechos De Las Mujeres, cada cuatro días una mujer aborta en Morelos donde se han localizado además diversas clínicas que lucran con la toma de decisiones de las mujeres y hacen un negocio, las más visibles se encuentran en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, cobrando desde 18 a 30 mil pesos por una interrupción del embarazo quirúrgica.
En la entidad existen clínicas establecidas que tienen condiciones irregularidades, algunas son clandestinas exponiendo la vida de las mujeres.
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“En concreto a las y los diputados exigimos que aprueben esta iniciativa, que legislen en estricto apego a los derechos humanos. Quien se pronuncie en contra o vote en contra de esta iniciativa no sólo estará obstruyendo el acceso a la justicia social de las mujeres, estará perpetuando la obstrucción de que las mujeres puedan decidir libremente sobre sus cuerpos y seguirán siendo complices de violentar nuestras vidas y nuestros cuerpos”, reiteró Andrea Campos.
¿Qué contiene la iniciativa de reforma?
La iniciativa con carácter de decreto pretende reformar el Código Penal para el Estado de Morelos y la Ley de Salud del Estado, con el objetivo de garantizar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, como está permitido en la Ciudad de México y Oaxaca, reconociendo lo establecido en el ámbito internacional en materia de derechos humanos desde hace 50 años.
Actualmente en la legislación local la interrupción legal del embarazo se considera una conducta ilícita con pena privativa de la libertad, tiene una sanción de uno a cinco años de prisión y de 20 a 200 días de multa.
Dentro de la propuesta de reforma se tendría que derogar la objeción de conciencia señalada en la Constitución Política. Trata de actualizar el marco normativo de las autoridades sanitarias que si bien no desconoce los derechos a las ideologías y religiones, lo que si es una obligación es que el Estado garantice existan médicos dispuestos y aptos para realizar la interrupción de un embarazo cuando así lo decide una mujer y respeten sus derechos.
