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Por recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, propuso la creación de una Unidad especial que funja como “defensoría pública” para las familias, dijo la titular Penélope Picazo Hernández, el proyecto tendría que esperar una ampliación presupuestal para el siguiente año, ya que no está contemplada en el Paquete Económico 2023.
“Tenemos la obligación de crear la Unidad de Asesoría Jurídica porque se ha sido omiso en ese tema, y solicitamos al Congreso una partida especial para crearla, es la contraparte de la Defensoría de Oficio, así como la parte criminal tiene quien los asesore y los acompañe en la defensa de los derechos humanos, las víctimas que es la parte agredida, debe tener un abogado”.
Para ello se requieren 2.6 millones de pesos, dijo Picazo Hernández, monto que no tendría para el siguiente año, pues en la propuesta enviada al Ejecutivo contemplan un presupuesto de 9.3 millones de pesos y no 10.3 millones de pesos que se habían solicitado para ejercer.
“Sería para la contratación de 20 asesores jurídicos, cifra menor a los defensores de los victimarios que son 44; en cuanto al nivel y volumen de las víctimas es el primer paso porque no serían suficientes”.
La comisión tiene apenas cinco asesores jurídicos, asesoría psicológica, y con el recurso que recibe anualmente, dijo la funcionaria, apenas les alcanzan para operar el fideicomiso a víctimas.
Este organismo atiende por año más de dos mil casos, y el padrón ya asciende a los más de tres mil 200.
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