El sismo del 19 de septiembre dejó a los condóminos de la Casa Latinoamericana fuera de sus departamentos por ya casi un año. La caída de dos departamentos y la torre de radio sobre el lobby y otros apartamentos en el mismo edificio fue la primera evidencia que muchos en Cuernavaca tuvieron de la magnitud del temblor.

Pero no sólo la fuerza de la naturaleza los expulsó de sus viviendas, también les enseñó en que hay que confiar poco en las autoridades y hasta en la gente. A los pocos minutos del desastre, presuntos rescatistas se introdujeron, rompieron puertas y empezaron el saqueo de las propiedades que pudieron. José Antonio Gumbler, administrador del edificio, recuerda el día y la hora y la rabia que sintieron cuando se dieron cuenta de que habían abierto puertas a patadas, y con las mismas rocas del escombro del derrumbe rompieron ventanas para robar las pertenencias de quienes habían desalojado el edificio en pánico, o de quienes no estaban en el edificio ese día o a esa hora.

Fueron discriminados por no ser pobres, decían los vecinos hace meses, cuando pedían que se les ayudara a retirar el escombro que se acumulaba en el techo y en los cubos de los elevadores amenazando la integridad del edificio, pero también a quienes pasaban por la calle de Degollado, donde cayó el torreón poco después de las 13:14 horas del 19 de septiembre, que aunque fue cerrada al tránsito desde ese día, seguía permitiendo el paso peatonal hasta metros antes de la zona de derrumbe.

Pasaron muchos meses de gestiones, todos prometieron apoyo, el Gobierno federal, el del estado y hasta el municipio. El único que realmente apoyó de alguna forma fue el Ayuntamiento de Cuernavaca, aunque la ayuda fue magra. El Gobierno del Estado sólo ofreció seis tinacos para un total de 60 departamentos.

No sólo eso, los vecinos sufrieron por cifras infladas del Gobierno federal y el del estado respecto al costo de remover el escombro. Se les dijo que serían dos millones de pesos por los trabajos y que buscarían la forma de apoyarlos, otra promesa que nunca se cumplió. Al final, los vecinos lograron un costo mucho menor por la remoción del escombro que comenzó el 10 de septiembre, casi un año después del derrumbe, con una constructora que les ofreció incluso cobros a plazos que han ido completando con la cooperación de los vecinos, explica José Antonio Gumbler.

Pero cada vez es más difícil lograr los recursos, la mayor parte de los propietarios siguen fuera de sus casas, de los 60 departamentos sólo están ocupados 12, algunos rentados, el resto de los vecinos siguen pagando por vivir en otros lados, hay hasta los que ya pusieron a la venta sus propiedades a un precio de la tercera parte de su valor real.

Gumbler explica que después del sismo perdió cualquier resquicio de confianza en las autoridades, aunque reconoce que nunca habían estado tan unidos como comunidad sus vecinos de la Casa Latinoamericana. Eso les ha permitido enfrentar los 11 meses que llevan desplazados y compartir ahora la esperanza de que los trabajos de retiro de escombro terminen en diciembre, con lo que podrán volver a sus casas y comenzar, por fin, el proceso de reconstrucción de la parte dañada del edificio.