Diputados de la LIII legislatura local deberán responder a las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el manejo irregular del Fideicomiso para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal que crearon en 2015, y que les permitió operar en completa discrecionalidad presupuesto público para la supuesta realización de obra pública en diversos municipios.

La Auditoría Superior de la Federación detectó que durante el ejercicio fiscal de 2018 (el último año de la legislatura), el Fideicomiso “no reportó el ejercicio de 68 millones 390 mil pesos”, lo que significa que se desconoce en qué fue utilizado todo ese dinero.

El Fideicomiso, autoría de los diputados de la LIII legislatura Jaime Álvarez Cisneros, Julio Espín Navarrete, Francisco Moreno, Julio Yáñez, Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera Alatriste, ejerció aproximadamente 300 mdp de manera discrecional en la supuesta realización de obra pública en diversos municipios del Estado.

En aquel momento, la justificación para la creación del ‘Fondo’ era la de contribuir al desarrollo de los municipios y la generación de fuentes de empleo (sic).

Sin embargo, a la vuelta de los años ahora la Auditoría Superior de la Federación ha notificado al gobierno de Morelos la falta de comprobación de esos recursos, con base en el resultado de la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, al que esta reportera tuvo acceso.

La operación de aquel Fideicomiso estuvo a cargo de un Consejo integrado por Jesús Recillas Román, José Enrique Pérez Rodríguez, Josué Espíndola Díaz, Ana Cristina Guevara Ramírez y Marco Antonio Díaz Guerrero, quienes fueron designados para un periodo de cinco años que sin embargo ninguno cumplió, debido a que antes de ese periodo el Fideicomiso fue extinguido por los diputados, previo a concluir su cargo.

Actualmente, los diputados de la recién llegada LV legislatura analizan “revivir” ese Fondo ahora denominado “Fondo de Bienestar para los Morelenses” a propuesta del diputado priista Eliasib Polanco. El tema sin embargo, mantiene dividida la opinión de los legisladores, debido a la responsabilidad que podría significarles la operación de recursos en la ejecución de obras y/o apoyos a comunidades, tal como ahora sucede con los diputados de la LIII legislatura local.

Se prevé que de un momento a otro, la Secretaría de Hacienda del gobierno de Morelos, notifique a los ahora exlegisladores sobre la observación que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación.