El Juzgado VIII de Distrito, con sede en Cuernavaca, determinó ordenar al Congreso del Estado que nombre a Guillermo Arroyo Cruz como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, luego de tres años de lucha jurídica, ya que los actuales diputados echaron abajo de manera ilegal el nombramiento que le fue dado durante la anterior Legislatura.

Lo anterior fue informado por el propio Arroyo Cruz, quien destacó que a partir de esta resolución tomada el miércoles por la justicia federal y notificada a los miembros del Legislativo, ahora cuentan con un plazo de 10 días para cumplir el mandato o interponer algún recurso de apelación.

Sin embargo, destacó la contundencia de la sentencia del juez federal, quien fundamentó su resolución por las graves violaciones a sus derechos humanos, ya que anteriormente no se le notificó que no aprobarían su nombramiento de magistrado que había determinado la Legislatura pasada, con lo que se violentó su derecho de audiencia; además, porque su nombramiento se echó abajo por decreto de los ex diputados, cuando debió hacerse un juicio político como lo impone la ley.

Puntualizó que ante el fallo contundente de la justicia federal, de interponer a los actuales diputados algún recurso de impugnación, será una medida dilatoria para no acatar el mandato de la justicia federal y dejar que lo haga la próxima Legislatura, a la que heredarán este pendiente.

Igualmente, recordó que hace poco más de tres años recibió el nombramiento de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, por los integrantes de la Legislatura anterior, pero al llegar los que ahora están por irse, desecharon su nombramiento de manera ilegal y se lo dieron a Orlando Aguilar, por lo que él inició la batalla jurídica inicialmente en contra de los diputados y del propio Orlando, quien finalmente perdió el amparo que también había interpuesto ante la justicia federal, por lo que dicha plaza de magistrado está vacante y espera en breve asumirla para desempeñar sus funciones, de acuerdo con el mandato de ley.