El Congreso de Morelos retomará próximamente la solicitud de juicio de político contra el exgobernador Graco Ramírez, confirmó el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, al suspenderse los plazos procesales siguen en tiempo para concretar la solicitud admitida el pasado mes de febrero.
El legislador independiente señaló que que la pandemia de Covid-19 fue un gran obstáculo para cumplir con la calendarización establecida; sin embargo, al día de hoy están dentro de los términos para la integración del juicio político no sólo contra el exmandatario estatal sino también los extitulares de las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, respectivamente.
El pasado 27 de septiembre el Poder Ejecutivo representado por el titular de la Consejería Jurídica, Samuel Sotelo Salgado, entregó la demanda de juicio político contra la pasada adminstración estatal ante la omisión de ministrar los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos 2018 al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Para la FGE el monto ascendía a 120 millones 826 mil 132 pesos, mientras que al Impepac serían 2 millones 566 mil 670 pesos, lo cual, indicaron en la solicitud, no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones; del organismo electoral local pusieron en peligro el desarrollo y culminación del pasado proceso electoral.
“La integración sigue, estamos siendo muy cuidadosos de que los términos que están en ese juicio se cumplan a cabilidad y cumplan su trámite”, explicó Casas González.
La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso estatal había establecido un plazo legal de 15 días para que el exgobernador y los exfuncionarios fueran notificados y posteriormente recibirlos para que ellos pudieran argumentar lo que requieran a su favor, cumpliendo con su derecho de audiencia. Acto seguido, el órgano legislativo emitirá el dictamen correspondiente y deberá turnar el caso al Pleno legislativo.
La ley local establece que el exgobernador y los exfuncionarios podrían recibir –en caso de ser enjuiciados- desde una amonestación hasta la inhabilitación administrativa, por lo cual no podrían ocupar un cargo de elección popular de acuerdo al tiempo que sea la sanción.
De acuerdo a información de El Sol de Cuernavaca, de los últimos siete gobernadores que ha tenido el estado de Morelos, cuatro han enfrentado un proceso de juicio político; está es la segunda solicitud en la actual administración estatal en contra del mandatario perredista.
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