El gobierno del estado de Morelos se deslindó de los permisos de operación y las actividades en torno a la minera Esperanza Silver de México, que iniciaría a finales de este año o principios del 2021 actividades en el pueblo de Tetlama, una de las comunidades con mayor marginación y carencias en el estado. A través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Ejecutivo advirtió que se trata de un tema que debe analizarse a fondo, sin embargo “es de tipo federal y municipal. Nosotros estamos atentos a que sea lo mejor ambiental y social para Morelos”, comentó a El Sol de Cuernavaca, Constantino Maldonado Krinis, titular de la dependencia.
La empresa minera inició una campaña de información respecto a los permisos que ha obtenido y los que tramita ya para iniciar operaciones en una comunidad cuyas características demográficas son de alta marginación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el analfabetismo en la zona supera el 12 por ciento y sólo el 34 por ciento de la población tiene la primaria completa; el 21 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra, y en el 2.4 por ciento de las mismas no hay agua entubada. Son casi dos mil habitantes que vivían de un basurero que cerró en 2006 y con ello las fuentes de empleo son escasas, y la marginación se profundizó. La veta que pretende explotar Esperanza Silver de México es la única alternativa de inversión que se registra en la zona y, con muchos obstáculos, ha obtenido los permisos suficientes para continuar sus trabajos de exploración.
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El proyecto se propone como un “Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable… modelo único en el sector minero al promover el desarrollo comunitario sustentable. En cuyo modelo empresarial, el respeto a los derechos humanos, los temas sociales y de protección ambiental, asumen un papel preponderante”, señala la presentación del nuevo proyecto minero, que es diferente en alcances e involucramiento social al que se había presentado anteriormente, de acuerdo con la empresa que afirma “el Proyecto Esperanza cuenta con planes de: Gestión Social, Gestión Ambiental, Gestión Cultural y Gestión Económica”, que se ajustan a la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.
De hecho, la Organización de las Naciones Unidas, junto al foro económico mundial, el Centro Columbia para el Desarrollo Sustentable, y otras organizaciones de especialistas, emitieron una serie de criterios en la materia que se establecen en un libro blanco “Cartografía de la minería en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, en que se establecen 17 esferas temáticas “en que la minería puede tener repercusiones (positivas o negativas) para cada uno de los 17 ODS (objetivos de desarrollo sostenible)”.
El documento establece que para erradicar la pobreza, la minería puede pagar impuestos y regalías, desarrollo de la proveeduría local, refuerzo de cadenas de valor locales, promoción del empleo inclusivo, preservación del acceso a la tierra mediante la recuperación total de las comunidades reasentadas. En materia de combate al hambre se dicta el estudio de sinergias con la agricultura y garantizar la inexistencia de contaminación en tierras agrícolas. Para la salud y el bienestar las mineras deben promover la salud y seguridad en el trabajo, incentivar servicios de atención preventiva, reducir el polvo de sílice, promover campañas de educación, prevención y orientación sobre enfermedades, hacer conciencia sobre la importancia de la salud mental.
También, establece el libro, la minería debe contribuir a la mejora de la salud mediante la evaluación y mejora de las aptitudes de la comunidad, la formación y educación de la fuerza de trabajo. En materia de igualdad de género, debe haber oportunidades de empleo iguales para las mujeres, y aplicarse la perspectiva de género en todas las actividades y durante todo el ciclo de vida del proyecto.
De igual forma, se demanda la conservación y reciclado del agua, controlar la calidad del agua, y la gestión de los recursos hidráulicos; mejorar la eficiencia energética e incorporar energías renovables; informar a la ciudadanía sobre las oportunidades y limitaciones de las actividades mineras y el impulso del crecimiento económico a través de mecanismos de adquisición local; el desarrollo de infraestructura para uso común, la anticipación de riesgos relacionados con la desigualdad y la promoción de la inclusividad; la explotación de desechos mineros no tradicionales; la planificación minuciosa del uso de la tierra; reducir al mínimo los recursos utilizados y los residuos, la incorporación de la perspectiva del ciclo de vida de los productos y la actividad; la reducción de las emisiones, junto con otras consideraciones en materia ecológica, de justicia y derechos humanos, y de movilización de recursos financieros y tecnológicos.
Análisis
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