Francisco Villalobos Adán fue noticia nacional por primera vez cuando el 1 de julio de 2018 fue electo alcalde de Cuernavaca por Morena. No era para menos, el que resultó alcalde electo no era titular de la planilla, hizo poca campaña y los conflictos entre el entonces candidato a gobernador, Cuauhtémoc Blanco, y los partidos con los que iba aliado, junto con la ola de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, le permitieron ganar la elección en lo que para muchos fue un golpe de suerte.
La historia de la alcaldía de Francisco Villalobos estuvo marcada por el escándalo desde su toma de protesta, que tuvo que hacer en la calle al no poder acordar con el equipo de sus antecesores, el propio Cuauhtémoc Blanco y su suplente, Juan Manuel Hernández Limonchi, el proceso de transición.
Los señalamientos de corrupción que abundaron en su administración parecen haber agotado la suerte del apodado “Lobito”, quien la noche del miércoles fue aprehendido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción en un hospital privado de Cuernavaca donde era atendido tras un presunto accidente automovilístico. Se le relaciona con el mal uso de las cuotas que a los trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca les habrían sido retenidas pero no pagadas al Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado que suman, según la denuncia, nueve millones de pesos.
En los primeros meses de 2018, Cuauhtémoc Blanco y Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente del Partido Encuentro Social (PES), trataron de sustituir a José Luis Gómez Borbolla en la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca que abanderaban Morena, el Partido del Trabajo y el propio PES. La idea era ubicar en ella a “alguien del equipo” como refirió muchas veces el propio candidato a gobernador, Cuauhtémoc Blanco.
El periodo de sustituciones en las planillas había concluido y decidieron entonces cancelar la candidatura a la alcaldía y tratar de inscribir entonces al exárbitro de fútbol, Gilberto Alcalá Pineda. El asunto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el 21 de junio, diez días antes de la elección, declaró válida la cancelación del registro de Gómez Borbolla, pero no permitió la sustitución.
Aunque no había candidato titular a la alcaldía de Cuernavaca, la planilla de Morena, PES, PT para Cuernavaca logró el 1 de julio más de 62 mil 210 votos, el 30.6 por ciento del total que le significaron el triunfo. Por ley, la alcaldía quedó en manos del candidato suplente, Antonio Villalobos, sobre quien el ya entonces gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco había advertido: “No puede ser candidato porque no es de nuestro equipo”.
Villalobos usó el tiempo de la transición, desde el 5 de julio hasta el 29 de diciembre de 2018 para integrar su equipo de trabajo, enfrentar los recursos jurídicos interpuestos contra su elección y tratar de negociar desde un departamento en el centro de Cuernavaca con sus adversarios políticos una transición sencilla. Ese mismo diciembre el alcalde electo había denunciado amenazas de muerte y ya contaba con una más o menos aparatosa escolta, la misma que le acompañó a rendir protesta en la calle el 30 de diciembre, en un acto en que advirtió: “cero tolerancia a la corrupción es mi compromiso”, y aseguró: “conozco las entrañas del Ayuntamiento y sé cómo operar los cambios que necesita la ciudadanía”.
Pronto aquel discurso encendido sería sepultado por las también muy sonoras denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la administración de Antonio Villalobos.
En marzo de 2020, un particular presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por enriquecimiento ilícito. En la carpeta de investigación se incluyen bienes muebles e inmuebles presuntamente propiedad de Villalobos y personas cercanas a él. El cálculo sobre las propiedades superaba los 60 millones de pesos e incluía un departamento en las torres Averanda de Cuernavaca, dos en el condominio Costa Victoria de Acapulco, además de motocicletas y autos de lujo. Para abundar en la indagatoria, elementos de la Fiscalía Anticorrupción catearon el Ayuntamiento en un aparatoso operativo el 13 de julio de 2020.
Una semana después, Villalobos ordenó la clausura de un predio que se utilizaba como autocinema, un mes después, la compañía afectada presentó una denuncia por cohecho ante la Fiscalía Anticorrupción; en ella se acusaba a Villalobos e inspectores del Ayuntamiento, de haber solicitado a la empresa 200 mil pesos para permitirle la reapertura del negocio.
El 18 de agosto en un operativo para atraparlos infraganti, se capturó a seis inspectores, dos de ellos fueron finalmente vinculados a proceso y se les decretó prisión preventiva. Los trabajadores municipales señalaron al propio alcalde y al entonces coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de estar tras la extorsión a la empresa. El 1 de diciembre de ese año, un juez de control determinó vincularlos a proceso por el delito de cohecho. Sin embargo, el acto no incluyó dictar prisión preventiva al alcalde ni separarlo del cargo.
En 2021, Villalobos buscó la reelección en el cargo. Morena no mostró interés alguno en postularlo, tampoco el PES; los dos partidos, junto a Nueva Alianza, impulsaron la candidatura de Jorge Argüelles Victorero. La candidatura de Villalobos logró sólo el respaldo del Partido del Trabajo, cuya dirigente en Morelos, Tania Valentina Rodríguez, había reconocido públicamente y defendido la gestión de Villalobos. No le fue bien, el intento de reelección de Villalobos le reportó apenas 5 mil 592 votos.
Electo José Luis Urióstegui como alcalde, Villalobos inició la etapa de transición en la que procuraba tomarse fotos cotidianas con quien lo habría de suceder. Urióstegui advertía en cada declaración sobre la administración de su antecesor que no había pactos de impunidad y que se revisaría puntualmente el estado en que recibía el Ayuntamiento. Y así fue.
Apenas cuatro meses después de dejar Villalobos la comuna de Cuernavaca, la nueva administración ya tenía una colección de irregularidades y pendientes de aclaración. El uso de recibos duplicados para no enterar cobros a las arcas municipales, la existencia de “aviadores” en la nómina, desaparición de mobiliario y equipo propiedad del Ayuntamiento, el pago excesivo por el servicio de recolección de basura, omisiones en el pago de nómina. Tan sólo en la Tesorería se encontraron elementos para iniciar cinco denuncias penales por irregularidades diversas. Además, tres abogados particulares habían interpuesto denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de Francisco Villalobos. Bastaba que una de esas denuncias prosperara para acabar con lo que muchos consideraban la buena suerte del exalcalde.
El desvío de SAPAC
Los trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, SAPAC, están afiliados al Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado. El esquema es muy sencillo, el interesado ahorra autorizando la retención de parte de su salario, solicita un préstamo, el instituto verifica la viabilidad del mismo y lo otorga, luego el patrón (en este caso el SAPAC), debe retener las parcialidades al trabajador y entregarlas al instituto. Cuando por algún motivo el Instituto de Crédito no recibe los pagos de cuotas o parcialidades de los trabajadores, entonces suspende la relación y el trabajador no puede acceder a beneficios, y en caso de los adeudos se canalizan por un área de cobranza que interviene directamente con el trabajador.
Desde la administración de Manuel Martínez Garrigós, el Ayuntamiento retenía a los empleados de SAPAC las cuotas para el Instituto de Crédito sin enterarlas por completo a la dependencia. El adeudo se fue acumulando hasta sumar hoy 100 millones de pesos. En el caso de la administración de Francisco Villalobos, los elementos de prueba brindados por la Fiscalía Anticorrupción evidencian que el alcalde, con autorización de la junta de gobierno del organismo, habría retenido indebidamente y canalizado durante 10 meses de 2019 los recursos retenidos de la nómina de los trabajadores a otros gastos. El acumulado estimado por el persecutor es de nueve millones de pesos, mismos que provocaron daño directo tanto al Instituto de Crédito como a los trabajadores de SAPAC.
La causa penal JC/385/2022, iniciada por la fiscalía señaló también a los regidores, Anayeli N, Jesús N y Enrique N, de haber sido omisos en el cumplimiento de sus funciones al no evitar las afectaciones a los trabajadores y el Instituto de Crédito que provocó el desvío de recursos. En cambio, el director del SAPAC, Fernando Blumenkrón, fue exonerado al acreditar que informó del desvío al alcalde en reiteradas ocasiones y al no encontrar respuesta a sus reclamos presentó su renuncia al cargo.
Derivado de esa causa penal, el juez dictó la prisión preventiva para el alcalde Villalobos y los regidores, y el proceso para el que la fiscalía ha pedido el castigo de tres a diez años de prisión continuará con los tres bajo custodia en el penal de Atlacholoaya.
Mientras tanto, las otras denuncias y carpetas de investigación que involucran al ex alcalde y funcionarios de su administración siguen su curso.
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