Cuando de divorcio se trata, siempre es mejor optar por la conciliación ante el elevado costo que representa y el tiempo que se invierte en concluir el proceso. Sobre todo si se trata de una pareja de ejidatarios, pues ahí la dinámica cambia en la repartición de bienes.
De acuerdo con Germán Sánchez Páez, abogado especialista en materia agraria, en estos casos el proceso de repartición de bienes generalmente se trata de parcelas, y es que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Agraria, la titularidad directa es el ejido, por ello las tierras no entran en el proceso de separación en un vínculo matrimonial, a menos que cambie el régimen de ejidal a propiedad privada, pero el proceso suele ser engorroso.
El procedimiento para el dominio agrario; es decir, que la parcela deje de ser propiedad del ejido y sea privada, se realiza mediante una asamblea de formalidades especiales, conforme lo marca la Ley Agraria, a través de una asamblea ejidal, por lo que es un procedimiento tardado y costoso, ya que se debe lograr un número específico de ejidatarios y deben estar ciertas autoridades ejidales y de la Procuraduría Agraria.
“Las cosas cambian cuando el ejidatario ya adoptó el domino pleno, es decir si su parcela ya adoptó el domino agrario y ya no es propiedad del ejido, ahí entraría el régimen de separación del vínculo matrimonial para poder hacerse el reparto de las superficies, ya sea del asentamiento humano o sean parcelas”, señaló.
Según el entrevistado, el tiempo de espera en un divorcio donde se realiza la repartición de bienes ejidales puede incluso superar el año y tiene un costo aproximado de 100 mil pesos; por ello, los abogados agrarios siempre buscan la conciliación entre las partes.
“Me ha tocado ver casos donde solicitan se repartan parcelas, pero no se llevan a cabo si siguen perteneciendo al régimen ejidal; los honorarios se pueden cobrar por porcentaje o por horarios fijos, pero en promedio este trámite tiene un costo de 100 mil pesos y el tiempo mínimo de espera es de un año”, refirió.
El abogado llamó a las parejas de ejidatarios que deseen divorciarse a acudir con profesionales que conozcan del tema para evitar algún tipo de fraude o perder más tiempo y dinero en el proceso.
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