El senado de la República aprobó hoy en lo general y particular reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que pondrán “un freno” a los alcaldes y gobernadores en el gasto de servicios financieros en la contratación de deuda pública.

Al respecto, la senadora de Morena Lucía Meza Guzmán, advirtió que con esta reforma se acabaron los negocios obscuros que “establecen entre los gobiernos municipales y estatales con asesores financieros e instituciones bancarias en la contratación de empréstitos o con la reestructuración de las deudas públicas”.

A partir de ahora, se evitará que los alcaldes y gobernadores hagan negocios ilícitos y corruptos con la contratación de empréstitos, ya sea a través de arreglos con asesores financieros o con las propias instituciones bancarias.

Actualmente la ley en la materia no regula los gastos que tienen que realizar los municipios y entidades federativas en los momentos de contratar algún crédito, por lo que con dichas reformas no sólo se establece el concepto de gastos y costos, sino que además estos se limitan a un porcentaje que no debe rebasar el .15% de la deuda contraída.

“Había casos en que gobernadores y alcaldes contrataban créditos y se gastaban hasta el 23% del monto contraído, en pago de asesoría legal y técnica, en un evidente negocio entre las autoridades y los despachos financieros. Esto sin contemplar las elevadas tasas crediticias, con las que los alcaldes y gobernadores recibían algún financiamiento de los banqueros”, cuestionó la senadora Meza.

La senadora por Morelos advirtió que en menos de 12 años la deuda subnacional integrada por créditos contratados por municipios y entidades federativas se cuatriplicó al pasar de 160 mil millones a 670 mil millones de pesos.

Por lo que respecta a Morelos, la deuda pública generada por los municipios y el gobierno estatal, asciende a los cerca de 9 mil millones de pesos, que significa una pesada loza económica y que lamentablemente en muchos casos se contrataron con procesos financieros poco claros.

Por último, aseguró que con esas modificaciones normativas se brindará certeza jurídica en el destino y aplicación obtenidos, mediante deuda pública y que estarán dirigidos exclusivamente para gastos de inversión pública y productiva de los municipios y entidades federativas.

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