La legalización de la mariguana para uso lúdico podría generar un problema de salud pública, si no se da antes el paso de la libre determinación de la personalidad, afirmó Nadia Luz Lara Chávez, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos.

Fundadora del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, Lara indicó que el estado fue pionero en el tema, con el cual se procura el tratamiento para el primodelincuente.

Si escucharan las historias de esas personas, dejarían de hablar con tanto entusiasmo del uso lúdico de la mariguana y otras drogas, como el alcohol, aseguró.

Morelos fue pionero desde 2014 en la creación de este Tribunal cuyo objetivo es brindar alternativas de rehabilitación a personas sujetas a un procedimiento judicial, y lograr la reinserción social.

El Tribunal para el Tratamiento de Adicciones es una denominación de la Justicia Terapéutica que forma parte del Sistema Acusatorio, mejor conocido como Juicios Orales dentro del TSJ, el cual viene a remediar una situación previniendo este tipo de actitudes.

El trabajo recae en jueces que han sido capacitados para entender este tipo de circunstancias, teniendo hasta el momento sólo tres en toda la entidad, quienes junto con los operados se involucran en cada uno de los casos y brindan tratamiento cada semana de antidoping, y terapia psicológica, mientras que la policía verifica que eviten el ambiente nocivo.

Expresó que al día de hoy han atendido cerca de 100 personas, ya con seis generaciones graduadas, quienes en 99 por ciento superaron la adicción y pudieron ser reintegrados a la sociedad, eliminando los antecedentes y quedando como personas limpias no sólo en este término sino también en adicción, lo que genera una condición de dignidad a los beneficiados, así como eliminar el estigma social de una persona en el proceso penal para ser aceptado y no tener mayores problemas.

Recordó que la idea surgió desde 2013, cuando trabajaron para su implementación en 2014 elaborando los manuales de operación y pidiendo recursos para efecto de capacitación a jueces y operadores; cabe mencionar que para el programa fueron auxiliados por la Secretaría de Gobernación otorgándoles recursos a través de la Dirección contra el Combate a la Violencia.

En 2014 arrancó el Programa de 18 meses con un esquema multidisciplinario donde el TSJ y el Gobierno del Estado hermanaron esfuerzos integrado por ministerios públicos, jueces, defensores de oficio, y un cuerpo especial de policía del Mando Único, así como unidades médicas y psicológicas para el efecto de darle seguimiento a los participantes.

Indicó que para incorporarse al programa se necesitan ciertas condiciones como ser primodelincuentes, tener una adicción y que su posible sanción no exceda de cuatro años, de esta manera tras dictar la sentencia en el procedimiento de suspensión condicional del proceso, los interesados firman una carta de aceptación del programa para entrar en el programa de 18 meses de desintoxicación y reinserción en la sociedad; algunos regresar a la escuela, y en su caso, al no querer continuar con sus estudios tienen la posibilidad de obtener espacios laborales a través de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.

La magistrada señaló que el programa tuvo tanto éxito que otros estados de la República aplicaron este esquema como el Estado de México, e Hidalgo, entre otros. Asimismo, fueron un ejemplo a nivel internacional como una práctica en el estado de Washington, donde la coordinadora del programa y consejera Guillermina Jiménez Serafín fue a exponer los resultados, ya que rendir informes era parte del financiamiento.

Por último, refirió que los participantes, en su mayoría varones, habían recaído en varias ocasiones al no carecer de un grupo de soporte para enfrentar las adicciones.

Este programa trae muchos beneficios y debe extenderse no solamente a los primodelincuentes sino a las personas que de alguna manera ya tienen una segunda caída en la justicia, porque todos merecemos una segunda oportunidad.