Luego de asegurar que únicamente el 22 por ciento del agua es tratada en Morelos, Jaime Juárez López, encargado de despacho de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) confirmó que preparan acciones legales contra la empresa española Aqualia, que opera la planta de tratamiento de Acapantzingo, porque además de cobrar 5 millones de pesos al mes en realidad no realiza el tratamiento del líquido.
Y es que esa deuda, explicó, se heredó del gobierno de Marco Adame Castillo con una empresa de nombre EMSA, pero fue al final del sexenio de Graco Ramírez cuando con la empresa española se hicieron modificaciones al convenio para autorizarle un crédito de cinco veces más en caso de que se le quite la concesión antes de 2027.
"Lo más delicado es que casi al final de ese sexenio perredista se le hacen modificaciones al acuerdo para que, ante el incumplimiento del gobierno del estado, se ejecute la línea de crédito haciendo uso de los recursos de las participaciones federales, pero no por el monto que se da, sino por cinco veces más, lo cual es excesivo; lo que estamos revisando si ya hubo la aplicación de línea de crédito hasta de cinco pagos, entonces ya hay una lesividad a las finanzas públicas", detalló.
Juárez López evitó adelantar mucho sobre el tema en virtud de que primero iniciarán acciones legales contra la empresa para retirarle la concesión y, en segundo lugar, se busca crear obra a favor de los ciudadanos y construir una red de colectores, además de hacer más eficiente el funcionamiento de las plantas.
Comentó que hoy lo que se ha hecho es aprovechar la infraestructura dejada por administraciones pasadas, misma que está parada, obsoleta, vandalizada o fuera de funcionamiento, y para eso se busca activar las plantas más grandes.
Y aunque no es el objetivo primario, sí será de gran beneficio porque se verterán aguas tratadas a los ríos y caudales. De las 104 plantas tratadoras de aguas hoy funcionan un poco más de la mitad, aunque al inicio de esta administración operaban muy pocas.
Señaló que desafortunadamente en Morelos solamente el 22 por ciento de las aguas son tratadas, un porcentaje muy bajo, cuando a nivel nacional se encuentra en un 48 por ciento.
En el caso de Cuernavaca, destacó, para evitar el desperdicio de agua se requerirían al menos mil 500 millones de pesos para poder actualizar la infraestructura.
“Habría que hacer un reemplazamiento de las actuales redes que son obsoletas e inclusive son riesgosas para la salud, ya que muchas de estas tuberías todavía se conducen con asbesto y concreto, agentes cancerígenos, y tienen que cambiarse todas las redes de agua potable”.
Hoy, agregó, tampoco se sabe con precisión qué cantidad de agua es vertida en las barrancas y que se convierten en espacios contaminados, pero se calculan al menos 4 mil descargas en el Río Apatlaco por todos los municipios por donde pasa, pero sobre todo en Cuernavaca, y un ejemplo es el Salto de San Antón.
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