El Congreso del Estado ordenó auditorías al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepec), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CHDEM), el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (TJA) y el Colegio de Morelos por presuntas irregularidades cometidas en los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018.
Como un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 11 votos a favor y seis en contra, los legisladores locales ordenaron a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) inicie las auditorías especiales a las cuentas públicas de dichos organismos autónomos, al no haberse identificado se hayan sujetado a un proceso de fiscalización superior para conocer cómo se utilizaron los recursos públicos.
El diputado José Casas González señaló además que no pasa desapercibido que existen entes autónomos con severos conflictos de interés entre la encargada del órgano interno de control y quien resulta responsable de la ejecución de gasto.
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Lo anterior, haciendo referencia al Impepac, donde, dijo, existen declaraciones del Consejo General que presumen una parcialidad en los actos de ejecución de gasto que posteriormente podrían quedar invalidados de observaciones o "peor aún, no sea ya fiscalizable el ejercicio ante la indebida anticipación e invasión de atribuciones de la titular del órgano interno de control en rubros ajenos a su marco normativo y que por tanto vician su actuación que debe ser imparcial".
Sostuvo que con esta auditoría especial lograrán la protección de los recursos públicos, evitando continúen con una simulación ni se permita que autoridades de todos los niveles, cuenten con la complicidad del ente que debió ejercer la vigilancia del gasto público.
Sin embargo, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz se manifestó en contra del acuerdo parlamentario denunciando el nombramiento de la encargada de despacho del ente fiscalizador, América López es ilegal, por lo cual cualquier acción efectuada por la funcionaria podría tener consecuencias graves en materia legal.
