La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) exhortó al Poder Ejecutivo para que de manera inmediata deje sin efectos el acuerdo por el que se autoriza un incremento del 25% en la tarifa del transporte público.
“Este Organismo observa con preocupación, que aun cuando a lo largo de la pandemia por Covid-19 el Poder Ejecutivo de la entidad no ha brindado apoyos o subsidios encaminados a garantizar el mínimo vital para las familias morelenses, a través de un acto temerario y poco empático pretenda aumentar el costo del servicio de transporte público en detrimento de los grupos más vulnerables”, expresa textualmente en el comunicado.
Lamentó que, a un año y medio de haber iniciado la pandemia, las políticas del Gobierno del estado lastimen aún más la economía de la ciudadanía y se carezca de beneficios reales en el transporte público a favor de quienes lo usan.
Asimismo, reprobó que dicho incremento pretenda fundarse de mala fe en un “estudio técnico y socioeconómico del transporte público con itinerario fijo en el estado de Morelos” realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Expuso que el documento de la Máxima Casa de Estudios solamente aporta elementos técnicos e información estadística de la realidad que se vive en la entidad y no debe mirarse como un estudio que respalde la decisión de incrementar la tarifa del transporte.
Para la CDHM, la determinación de aumentar el costo de la tarifa en el transporte público constituye una acción unilateral, que pareciera estar motivada por intereses económicos y no por una mejora en un servicio que históricamente ha sido deficiente, indigno y peligroso, tal y como lo demuestran las cifras de accidentes y delitos cometidos en contra de usuarios y usuarias.
Recomendó que antes de autorizar cualquier aumento en el costo del pasaje se implementen medidas que atiendan los problemas de Inseguridad, el servicio deficiente e insuficiente, la falta de capacitación de los operadores, la baja de unidades en mal estado, los actos de discriminación, la aplicación efectiva de los descuentos a grupos en situación de vulnerabilidad y la estricta aplicación del marco normativo.
Pidió tomar considerar que la investigación "reconoce la ausencia de cifras oficiales sobre la cantidad de usuarios del transporte público; únicamente toma en cuenta 8 de los 36 municipios que integran el estado de Morelos; sustenta sus resultados en una encuesta realizada solamente a mil 96 personas; no atiende al contexto económico y social frente a la pandemia por Covid-19 y no se hizo del conocimiento público a través de ningún medio oficial, limitándose el referido acuerdo a plasmar solo algunas partes del resumen ejecutivo".
Asimismo, no contempla ninguna medida proporcional al aumento de la tarifa, es decir, no considera contraprestación, garantía u obligación alguna asumida por parte de los prestadores del servicio en beneficio de los usuarios; únicamente se concreta en establecer plazos para cumplir con obligaciones ya determinadas dentro del marco normativo, como lo es el Sistema de Posicionamiento Global, el Programa de Certificación de Operadores del Transporte Público y el cumplimiento de la Revista Mecánica, sin establecer algún tipo de mejora en la calidad del servicio.
Enfatizó que todo aumento en la tarifa del transporte público debe ir acompañado de mejoras en la calidad del servicio, entre las que deben encontrarse como mínimo: Atención y renovación de unidades en mal estado; implementación de medidas para prevenir la propagación del Covid-19; garantizar sin discriminación la accesibilidad para personas con discapacidad y grupos en situación de vulnerabilidad; cámaras de videovigilancia; botones de pánico; adecuaciones y mejoras en los paraderos, terminales y bahías; y apoyos y subsidios para determinados grupos de la población.
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