El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) proyecta un incremento en el número de demandas para este 2024 del 25 por ciento, con respecto al año anterior, algunas de las cuales con vistas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por presuntos hechos delitos por parte de autoridades.
Así lo dio a conocer Guillermo Arroyo Cruz, magistrado presidente del TJA, quien sostuvo que el año 2023 cerraron con alrededor de 1 mil 500 demandas, mientras que para este 2024 proyectan cerrar con 2 mil.
Arroyo Cruz mencionó que la mayoría de estas demandas son en contra de autoridades municipales, principalmente por cobros excesivos de agua potable, infracciones de tránsito y las infracciones que se levantan durante los operativos de “Alcoholímetro”.
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Las localidades de la zona metropolitana de Morelos como Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Xochitepec y Emiliano Zapata concentran más quejas por parte de la ciudadanía, señaló el magistrado presidente del TJA.
“El Tribunal ejerce función jurisdiccional en todo el estado de Morelos y los asuntos en número mayor que tenemos es de los municipios, por supuesto y estos tienen que ver con cobros excesivos de agua potable, infracciones de tránsito, infracciones por operativos de alcoholemia y ha crecido el número de demandas que hemos recibido. Como referente debo decirles que el año anterior recibimos un total de 1 mil 500 demandas y al día de hoy al cierre del primer semestre del 2024 ya llevamos cerca de mil demandas, es decir que en una proyección estaríamos cerrando diciembre con cerca de 2 mil”.
Agregó que por lo menos el 5 por ciento de las quejas dan vista a la Fiscalía Anticorrupción, para que se investigue si es que estos excesos o arbitrariedades constituyen algún delito.
“Algunas autoridades todavía no alcanzan a entender que los límites de su trabajo son los que marca la ley y cuando esa autoridad se excede de esos límites pasa al campo de lo delictivo, incluso. Por eso hemos dado vistas a la Fiscalía Anticorrupción, para que atienda e investigue si hay delito”.
Mencionó que las consecuencias de esto es que podrían recaer en consecuencias penales o incluso en destituciones e inhabilitaciones de sus cargos, como ocurrió recientemente con Jesús Ansurez, alcalde de Ocuituco, que fue destituido por no acatar la sentencia del Tribunal de pagar un laudo que hoy asciende a 500 mil pesos a un policía despedido sin justificación.
Por otro lado, llamó a los ediles entrantes a que atiendan de forma inmediata las sentencias que les van a heredar para evitar ser destituidos.
“Llamamos a las autoridades a que se constriñen a lo que le marca la ley, a los presidentes municipales que van a recibir el próximo año municipios con números rojos que de inmediato empiezan hacer una reingeniería financiera de tal suerte que enfrenten los compromisos económicos derivados de sentencias que les van a heredar, que busquen la solución más pronto posible”.
